La 'Ley Sinde' (que no es ley) y lo que hemos aprendido

Una de las ministras más criticadas y menos valorada en las encuestas -con razón- ha conseguido su objetivo fundamental. La disposición final segunda de la ley de Economía sostenible, que ha tomado su propio nombre, ha desencallado tras el acuerdo que han alcanzado el PSOE, el PP y CiU en el Senado. Ángeles González-Sinde respira tranquila.

Este hecho viene a demostrar varias cosas. En primer lugar, que existía una convicción política: legislar sobre la propiedad intelectual e internet era necesario; faltaba acordar cómo y en qué condiciones. Estos cambios no ponen puertas al campo, ni van contra su tiempo, ni atentan contra la red, ni amenazan la libertad de expresión. Esto, a pesar de que se hayan quedado por el camino buenas ideas. Otras, será necesario desarrollarlas ya: el canon deja de tener sentido en el nuevo contexto. Menos aún del que tenía antes, que era tendente a cero.

Necesidad, en todo caso, que ha llevado a los populares -poco dados al pacto- a no alargar el asunto a la legislatura siguiente, donde podrían tener que lidiar con él en solitario y tragándose por completo la relativa impopularidad de la medida. Impopularidad relativa, sí. La 'ley antitabaco' -el otro reciente acuerdo amplio- se discutió fundamentalmente en los bares, pero esta polémica se ha vivido en la red. Es en ella donde se ha llamado a la rebelión y a la lucha contra lo que muchos consideran un atropello a sus derechos. Pero, ¿hasta dónde ha llegado esa voz?

Al parecer, no muy lejos. Internet se ha convertido en una burbuja en la que sus participantes se han creído el centro del universo demasiado rápido. Y he aquí la segunda cosa que hemos aprendido: amigos, este espacio sirve para muchas cosas, y para muchas más servirá en el futuro; pero ni es un mundo paralelo ni tampoco la única realidad. Los españoles conectados a Twitter siguen siendo demasiado pocos como para condicionar una decisión política por sí solos. Tampoco se es más solidario por escribir en un blog la pena que provoca a su autor que muchos niños se mueran de hambre. Ésta es una vía de comunicación -y también de acción, ¡sí!-, pero necesita un valor añadido que se está obviando, quizá interesadamente. En algunos casos, seguro.

Algún día, quienes babean tras aquellos se han erigido en representantes de una turba inexistente mediante conceptos abstractos y venta de aire, descubrirán que no hay 'internautas y 'no internautas'; sino ciudadanos conectados y ciudadanos no conectados. Y entre los que navegamos, y nos encanta, las opiniones son tan diversas como en la calle. No existe "la opinión de los internautas" como no existe "la opinión de los jóvenes". Los representantes de quienes estamos aquí son los mismos que los del resto de los ciudadanos: nuestros diputados o dirigentes democráticamente elegidos. Caso distinto es que alguien quiera montar una asociación; entonces representará, exclusivamente, a sus asociados. Como toda la vida.

Ojalá algún día la mayoría social tenga abierta esta puerta al conocimiento, la información, el entretenimiento y la comunicación -objetivo que debiera de ser prioritario para las administraciones públicas-. Ojalá, además, sirva de verdad para vivir mejor formados e informados porque sea eso lo que nos mueva y estimule. Pero ese día no es hoy. Hay cosas que no han cambiado tanto. Ahora, con un poco de suerte, lo que sí cambiará es algún modelo de negocio tan obsoleto como absurdo. Y a eso, sí, ayudará la ley.

Encuestas, percepciones e intereses

Hace unos días un estudio concluía que los españoles creen que Zapatero y Rajoy hablan de economía desde el desconocimiento: vaya, que no tienen ni remota idea. Quizá por eso dos encuestas realizadas después arrojaban datos que nada tienen de contradictorios: según TNS sólo de 3 de cada 20 votantes socialistas cree que su partido podría hoy ganar las elecciones, y según el Instituto Opina sólo 4 de cada 10 españoles creen que una victoria del PP sería una buena noticia.

La cosa no es tonta: ¿está un político obligado a saber de todo? Naturalmente no, entre otras cosas porque ser experto en cualquier campo es algo que sólo pueden conseguir los tertulianos de programas matinales, a quienes se ha otorgado gracia divina. Sin embargo, resulta llamativo que en estos tiempos los ciudadanos desconfíen en las capacidades de sus gobernantes o posibles gobernantes sobre la cuestión que, dicen, más les preocupa.

Les preocupa, sí; que no quiere decir que les interese en toda su profundidad. Porque si los que mandan no saben, los encuestados dicen que ellos tampoco, y que ni falta que les hace. La misma encuesta afirmaba que las noticias sobre el PIB, la inflación o la deuda pública nos producen una pereza incuestionable. ¿Por qué? Porque los números sin carnaza aburren, claro. Esta suma de factores provoca que los periodistas se vean obligados a rellenar espacios con asuntos más livianos en lo neuronal, por poco práctico que resulte y aunque no sean ni lo urgente ni lo objetivamente relevante. Un ejemplo: elevar el rango de la adivinación sacándola de la triste sección de los horóscopos: ¿será Zapatero candidato en 2012... o no? Y como si fuese posible llegar a la resolución del conflicto antes de que su protagonista lo cuente, hay tipos que llenan horas y rellenan paciencias dándole vueltas. Pero, queridos, si algo sabemos con seguridad del presidente es que todo pasará cuando tenga que pasar; es decir, cuando a él se le ponga en la parte más placentera -o dolorosa- de su mismo ser. Y sí, se puede criticar esa actitud, pero es suficiente hacerlo una vez.

En realidad podríamos dedicar ese ingente esfuerzo a cosas serias. ¿Debería el mundo del periodismo modificar el concepto de su información salmón? Si la obligación, el derecho y el deber es que el ciudadano entienda algo, y por eso se le cuenta ese algo; ¿por qué ningún medio potente, salvo pequeñas excepciones arrinconadas, se atreve a hacer información económica no dirigida a profesionales -sin eliminarla, por supuesto- y sí a la turba votante? Algo se alumbra en internet, pero siendo realistas éste todavía no es un medio mayoritario, hecho aún más lejano si hablamos de contenidos informativos o analíticos alejados del entretenimiento.

¿Podríamos convertir los periódicos en pequeños manuales de economía para aprendices? ¿Ganaríamos en conocimiento y libertad? ¿Elegiríamos mejor?

Maneras de defender ideas

Uno de los problemas habituales que se observan en política es la aparente incapacidad que poseen algunos de sus protagonistas para mirar el mundo más allá de sus propias concepciones. Incapacidad endémica para situar su mente en todos los puntos de vista y actuar después con la racionalidad propia de quien no sólo observa un túnel con una lucecita parpadeante al fondo, que llama con voz diabólica, sino un conjunto bien estructurado que permite tomar las mejores decisiones en cada momento.

Fotografía de Javier Barbancho en elmundo.es

Estos últimos días hemos vivido dos ejemplos de ese empeño en observar la política únicamente desde el estómago, con desdén, en base a filias y fobias varias de corte particular y obviando los resultados.

Desde ayer, en las sesiones del Senado los diputados pueden elegir en qué lengua oficial prefieren hablar. El castellano, el gallego, el catalán y el euskera tendrán la misma consideración en la llamada cámara alta. Los diputados que no entiendan alguna de ellas podrán utilizar la traducción simultánea mediante los pinganillos instalados en sus escaños.

La medida es polémica, especialmente entre los medios afines a la derecha. Mientras en el día de hoy El País o Público ignoran el tema; en ABC se puede leer sobre la imagen de los senadores del PSC un contundente titular: "derroche autonómico". Este diario mezcla así la actualidad sobre la deuda pública con una decisión sobre las lenguas especialmente sensible en este ámbito: cada sesión costará 12 000 euros. El Mundo tira por lo abstracto: "senadores que hablan en español en los pasillos montan una Babel en el pleno".

Llama la atención que prácticamente ningún periódico con sede en las comunidades con lengua propia trate el asunto. La Vanguardia o La Voz de Galicia, por ejemplo, no lo citan en portada. Este hecho, contrastado con los titulares anteriores, evidencia que es de fondo: la idea de España, la forma de entender el Estado y la aceptación de las diferencias. La España plural y la España homogénea. Lo sabemos.

Pero evidencia también que, quizá, la medida es errónea por esto mismo. Si lo que se pretende conseguir es la normalización y la normalidad frente a quienes no conciben la realidad de España más allá de su imaginario ideológico, lo único que ha cambiado desde ayer es que existe un motivo más para la chanza, la burla, la crítica, el odio y la pérdida de tiempo en debates eternos y absurdos. Dicen algunos que lo fundamental es que los senadores puedan defender sus ideas, no que puedan hacerlo en una u otra lengua; pero resulta que ése también es un derecho. ¿Cuál es el problema? Que las lenguas son un medio, no el fin en sí mismo. ¿Era urgente la medida? ¿Qué consecuencias sociales tendrá?

Quienes tenemos la inmensa suerte de hablar más de una lengua española peleamos y pelearemos con firmeza por el respeto de todas y por la defensa de los derechos de los ciudadanos a poder usarlas, no sólo en su vida, sino especialmente y sobre todo ante la administración, ante el conjunto de la sociedad y como arma cultural que representa mucho más de lo que creemos. Además, el titular de El Mundo anteriormente mencionado evidencia la profunda ignorancia que existe y las dosis de demagogia que se derrochan: no se trata de que cada cuál hable en su vida y en la calle lo que le parezca oportuno -ahí todos nos entendemos- sino del rigor que merece el ámbito institucional, con su grandiosidad y su simbolismo. Pero a la vez sabemos que aquello que remueve las bases, lo primario, debe ser cuidado. En este momento de crisis un gasto anual de más de 300 000 euros no consigue que quienes desprecian al catalán, al gallego o al vasco pasen a disfrutar admirados con la normalidad del debate parlamentario, sino que agudiza la división y el enfrentamiento, hecho visiblemente negativo para facilitar el objetivo final: la convivencia y el respeto de todos, cada cual con su esencia.

En democracia nuestros gobernantes deberían estar especialmente preocupados por hacer que sus decisiones sean aprobadas por la mayoría o que, al menos, no levanten mayores distancias de las que ya existen. No cuando hablamos de una conquista social, de una ampliación de derechos o de simples enfrentamientos con algún 'lobby' particular que quiera situarse por encima del interés de la mayoría; pero sí al abordar cuestiones estructurales de fondo, esas en las que debe haber consenso. Además, una ley atrevida es aún mejor cuando sabemos que es irreversible aunque cambie el color de la chaqueta del que manda. No se trata de ser cobarde o de no cumplir los planteamientos programáticos del vencedor electoral; sino de valorar de manera sensata los pros y contras de una medida. Saber, por tanto, si su aplicación conseguirá el objetivo que persigue o el contrario. Porque si consigue el contrario, ¿no estamos ante un fracaso? Es muy loable defender el derecho a expresarse en cualquier lengua, pero quien está en política debería valorar que su actividad tiene muchas más consecuencias que las redactadas en cualquier artículo.

Otro ejemplo de lo obtusos que en ocasiones son nuestros representantes -y nada tiene que ver con lo anterior- ha salido del Partido Socialista de Madrid. Durante una semana medios de comunicación, militantes de la formación y ciudadanos en general han debatido sobre qué debería ocurrir con su número dos, Trinidad Rollán, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

Sus partidarios, mientras celebraban la condena al popular Ignacio Uriarte por conducir tras haber ingerido alcohol en exceso y exigían su dimisión como diputado, intentaban minimizar cualquier delito cometido por un político que no sea el de corrupción. Y tienen razón: Trinidad Rollán, según la sentencia, no ha robado nada. La pregunta es: ¿y qué? ¿Es no robar lo único que se le puede exigir a un cargo público? ¿Tanto hemos bajado el nivel? ¿Tan mal estamos? ¿Lanzamos a los ciudadanos el mensaje de que tan podrido está todo que ser condenado por otra cosa que no sea llenar bolsillos propios y ajenos es, casi, una suerte de comportamiento digno de alabanza?

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, lo resumió en una frase: "¿cómo le vamos a explicar a la gente lo que la gente no puede entender?" Ése es el problema: que nadie lo entenderá porque además no hay nada que entender. Mientras se decidía la continuidad de Rollán en su puesto el PSM perdía varios sacos de votos en Madrid y la opción de hablar de corrupción -de corrupción, sí- en la próxima campaña electoral. Por un delito administrativo el primer partido de la oposición en Madrid se condena a no tener legitimidad social para contrarrestar a quienes sí han robado... presuntamente.

Porque, aunque Tomás Gómez no lo sepa, la mayoría de los ciudadanos no va a entrar en discusiones sobre figuras legales y ámbitos delictivos: - "Una condenada por hacer algo mientras era alcaldesa es la encargada de dirigir la política orgánica del PSM". - "Ah, pues no le voto, caballero". Sí; así funciona, amiguitos. Y hacen bien, porque con independencia de la valoración moral que cada cual desee realizar, la prevaricación es un delito. Suave o no; delito. Entre tanto, en el PP sólo hay imputados. Por cosas más graves, ya, pero imputados.

Si la persona afectada fuese humilde daría un paso atrás para no dañar a su partido y a su líder de cara a la próxima cita electoral. Pero no, no es humilde. O quizá -y esto lo desconozco, sólo es una sugerencia- necesite un buen trabajo en estos tiempos difíciles. Entre tanto, unos y otros siguen discutiendo sus propias paranoias y convirtiendo la política en una apasionante defensa de intereses personales -que gracias a las redes sociales ya son de magnitud pública-. Intereses que a veces no pasan de afinidades y odios alojados en el hígado contra la familia y el vecino. Y mientras se analizan estos asuntos desde el orgullo y la cuota interna de poder, Aguirre arrasa en toda encuesta que no sea encargada desde la sede del PSM en la Plaza de Callao.

Aunque lo que menos preocupa es el inmediato examen al que Gómez se va a tener que someter en las urnas. Antes el PSOE decía que era un partido distinto, que respetaba a la justicia, que tenía limpias sus filas y que se tomaba en serio la sensibilidad de sus votantes. Ahora cambia la actitud y sienta un oscuro precedente. Cada cuál sabrá qué pretende vender de sí mismo y por dónde quiere tener atadas las manos.

En estas "pequeñas cosas" los líderes tienen la oportunidad de demostrar que efectivamente lo son; fraguando un estilo político, una coherencia discursiva y una imagen propia que cale en la sociedad de manera ejemplarizante para, así, poder cambiarla. Si no, ¿quién querría que ese líder fuese el cambio?

Legalizar y regular

Sabíamos que no iba a ser fácil; ocurre siempre que es alterada una "tradición" por perniciosa que sea. La llamada "ley antitabaco" lleva varios días en vigor y todavía sigue siendo motivo de debate, disputa y titular. Se habla en los medios, se habla en las puertas de los bares, se habla los sábados en las discotecas y no se puede dejar de comentar en las reuniones familiares de nivel.

Viñeta de Forges, del año 2008.

Y así estamos. El caso es que hoy hemos sumado una nueva moda. Ahora algunos hosteleros ya no llaman a la radio para decir que la nueva ley traerá pérdidas sino para afirmar que ya las ha traído; suponemos que en base a sesudos estudios económicos.

No se pretende indicar aquí si la nueva legislación va a traer pérdidas o ganancias al sector; pero sí que afirmar en bruto y a día de hoy una cosa o la contraria es sencillamente una idiotez, que supone echarle la misma cara -más o menos- que el tipo que despidió a un empleado a consecuencia de la ley... el mismo día que ésta entraba en vigor. Cuenta el mismo artículo que otro gran empresario de nuestro país lo hizo una semana antes. Un visionario, el buen hombre. En esta escenita falta José Mota.

Vaya, se puede ser idiota y se nos puede tratar como tal; sí, es legítimo. Pero también es triste que aquellos que defienden su inexistente "derecho a fumar" compren cualquier argumento para lograrlo.

Quienes trabajamos o hemos trabajado algo cerca del sector hostelero sabemos que las ventas siempre disminuyen en enero con relación a los meses anteriores. Pero, en todo caso, para comparar este mes de enero con el mismo del año anterior deberíamos tener en cuenta más datos económicos que, por supuesto, algunos van a obviar interesadamente. Si queremos números serios será mejor que esperemos al menos seis meses, y quizá a final de año podamos hacer un análisis realista sobre lo que ha supuesto el nuevo contexto.

Lo que sí se va a producir de manera innegable es una "reconversión" de la clientela; pero eso no es necesariamente negativo y posiblemente beneficie a la larga al consumidor final. La experiencia no es nueva: ciertos restaurantes en todo el país ya probaron hace unos años prohibir fumar, algunos aprovechando la entrada en vigor de la anterior normativa, y todos coinciden que en los primeros meses las ventas descendieron -los fumadores buscaban una nueva vía porque ésta existía-. Pero, ¿qué pasó a la larga? Ganaron, ganaron mucho más porque no tenían competencia en un país donde la práctica totalidad de los empresarios del sector estaban empeñados en proteger al 30% de sus posibles clientes -pensando, con acierto, que los no fumadores ya llevan toda la vida tragando humo sin poder protestar-. Era mejor así, defender la mala costumbre adquirida para poder abarcar al 100% de la clientela. Comercialmente es interesante e innegable; pero es a la vez dudoso que esos argumentos sirvan para defender un estado de cosas llamativamente injusto y perjudicial para la mayoría de los ciudadanos.

Ahora la situación es otra. De nuevo, todos los bares, restaurantes o salas de fiesta están en igualdad de condiciones competitivas, con independencia de su tamaño, localización o capacidad económica. Por ello, la batalla estará en el valor añadido. Quizá algunos fumadores descubran que sin tabaco ciertos establecimientos no ofrecen nada más, pero ello no será responsabilidad de ninguna ley: es el mercado -es decir, el consumidor- que crea y destruye, premiando a los buenos y abandonando a los malos.

Los hosteleros vascos propusieron protestar retirando las máquinas de tabaco de los bares, de tal modo que el Estado no pudiese recaudar impuestos en sus locales. ¿Por qué pueden permitírselo? Porque esas máquinas no les reportan ningún beneficio. No lo digo yo, lo dicen ellos. Efectivamente: los restaurantes venden comida y las discotecas entradas para un local y, después, alcohol. Qué gran sorpresa. ¿Dejarán los fumadores españoles de comer? ¿Se recluirán en sus domicilios rodeados de cajetillas de ese producto vital para el desarrollo de sus vidas? Probablemente no.

Es cierto que ya otros países han prohibido fumar y, seguidamente, se han presentado estudios en los que descienden las ventas -no como para cerrar ni un solo bar, eso sí. Hay que decirlo todo-. Pero no es menos cierto que en España, a diferencia del resto de esa Europa con la que nos comparamos, existe una "cultura del ocio" mucho mayor que determinará cómo se produce la adaptación a la nueva norma, que llega además en época de crisis. Sea como sea, hoy no existen datos. Podríamos revisar hemerotecas de no hace mucho -yo, veinteañero, lo recuerdo- sobre lo que se decía cuando se prohibió fumar en los centros comerciales o ¡en los cines! Sí, se podía ver una película con doble pantalla de nicotina. No hace tanto también se podía fumar en las salas de espera de los hospitales y, un poco más atrás, en las aulas de los colegios públicos. ¿Se ha acabado el mundo? ¿Entraríamos hoy en una tienda de ropa fumando o a todos nos parece ya una barbaridad que roza lo grosero? Puestos a ser demagogos, como otros: ¿van ahora los fumadores desnudos?

Otra idea insustancial con la que se machaca es "eso se arregla con educación". Educación, sí; ahora. Quienes han derrochado comprensión y civismo los últimos cinco siglos y acudían a atender a sus hijos con el cigarro en la boca se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. El caso es que la educación es complementaria, sin que su existencia deba omitir el desarrollo de medidas que garanticen la protección real del hecho que se pretende. Lo contrario es de una brutalidad tal como afirmar que la única forma de acabar con el maltrato a los animales es plantear campañas publicitarias o clases de buen rollo porque prohibir está feo. Precisamente uno de los logros de la nueva legislación puede ser acabar con la exagerada legitimación social del tabaco existente en España; que facilita no sólo esa falta de consideración con los no fumadores sin que se entienda como algo negativo sino también que muchos jóvenes, especialmente a edades tempranas, se incorporen a una actividad con muchos componentes aparentemente positivos en sus "relaciones de comunidad".

Una última pregunta: ¿justificaría un 2% menos en las ventas de los hosteleros la no aprobación de una ley que protege la salud de la mayor parte de la población? Es imposible creer en las amenazas radicales de quienes pretenden chantajear al Estado anunciando despidos masivos -esos que bien enseñados por su gobierno ¿nacionalista? autonómico saben que la Ley no importa si es "de fuera"-. No, no está justificado; pero es lo de menos... lo que llama la atención es observar cómo una vez más nos convertimos en anarcoliberales selectivos cuando nos tocan aquello con lo que no estamos de acuerdo.

Se ha acusado a este gobierno de manera insistente de "prohibicionista"; pero, ¿qué se ha prohibido en España desde el año 2004? Nada. Se han extendido algunos derechos y se han regulado otros. Ahora, sin ir más lejos, se extiende la protección del derecho a la salud, un deber del Estado. Entre tanto, fumar sigue siendo perfectamente legal, no lo es -por fin y como es natural- imponer el consumo de una droga a la totalidad de la población; y más allá, con argumentos en contra tan elaborados como "los coches emiten humos" o "ahora oleréis a fritanga"... el debate no tiene demasiada profundidad.

Hay otro, paralelo y vinculado a él: algunos abogamos por la legalización total de las drogas. Lo falta por decir es que, naturalmente, su consumo debe estar supeditado a esa libertad individual que tanto se pregona. No tenemos nada en contra de que cada cual consuma tabaco, alcohol o pastillas que les hagan ver pitufos -por eso esta ley no es incoherente, el tabaco no está prohibido-; pero sí estamos radicalmente en contra de que sus consumidores llenen de humo espacios públicos, cojan el coche después de tomarse cinco copas o que un profesor decida que el momento perfecto para ver pitufos es ése en el que tiene que explicar a sus alumnos de diez años el ciclo del agua. Dejemos a un lado la hipocresía: los gobiernos están para regular los espacios de convivencia. En eso consiste la democracia. Por eso la ley es buena; por eso el gobierno lo ha hecho bien. Entre tanto, otros seguirán hablando de su libro y... ojo: lo entendemos, a pesar de que esos mismos nunca hayan hecho esfuerzos por entender a quienes no habíamos decidido adquirir sus respetables vicios.