Los malos son los otros

En julio fue el orgullo LGTB. En agosto es la reunión de jóvenes cristianos. En septiembre, tal vez, el gasto en festejos diversos tras la vendimia. En octubre, con la vuelta a la actualidad, los empresarios y los sindicatos. En noviembre, aprovechando la época electoral, seguramente sean los partidos políticos. Definimos polémicas previsibles.

Vivimos en sociedad, pero somos individuos diferentes, diversos y heterogéneos. Esa diversidad unida en una única comunidad debe gestionarse de algún modo. A eso lo hemos llamado democracia; un sistema en el que, además, los diferentes tendemos a agruparnos con aquellos cuyas aspiraciones e inquietudes más se asemejan a las nuestras: militamos en partidos, pagamos cuotas para practicar deporte, rezamos en compañía de otros y compramos periódicos por adscripción ideológica.

Manifestación del Orgullo LGTB en Madrid, año 2011.
Fotografía de la revista Têtu.

Lo que no hemos hecho es dar el siguiente paso, que es respetarnos mutuamente. En España todos los meses se genera alguna polémica derivada del gasto de eventos con los que sólo una parte de la sociedad se siente identificada. La parte contraria se indigna porque ese gasto que no le es propio le parece insultante. La consigna es "que gasten sólo en mí, que yo sé lo que de verdad importa".

Así, según corresponda, criticaremos la capacidad de los homosexuales para reivindicar sus derechos, la de los miembros de una religión para adorar a su dios (hay que señalar que la respuesta también varía según cuál sea esa religión), la de los empresarios para recibir subvenciones por su actividad y la de los sindicatos para eso mismo. Por lo general, quienes están muy en contra de determinadas actividades callan con otras porque tienen una forma muy peculiar de entender los criterios mediante los cuales una administración debe subvencionar colectivos. Se ha dado el caso de liberales convencidos de las maldades intervencionistas a los que no les acaba de parecer mal que el dinero público financie la educación privada en según qué sitios.

España es así. (Teniendo un prejuicio cultural, ¿quién quiere explicaciones profundas?)

Sí: quizá tengamos que hacernos mirar lo dogmáticos y simples que somos por estas tierras, para que nuestra inmadura democracia dé un pasito al frente y aprendamos a convivir respetando al diferente. En todos los aspectos; y es que la excusa de la subvención pública suele servir para no decir "me molesta verte", que es mucho más políticamente incorrecto. Es más: "me molesta que existas".

Dentro de este mal común, es cierto que la Iglesia Católica, que es el referente de actualidad este mes, constituye un caso francamente especial.

Se trata de una institución privada que dice sentirse acosada y perseguida por un "laicismo radical" (sic) en un país en el que recibe dinero público, existe una casilla de asignación específica en la declaración del impuesto de la renta, está exenta del pago de los mismos y hasta los cargos públicos juran obediencia ante sus símbolos sagrados.

Estas críticas, curiosamente, suelen darse cuando el gobierno en activo es del PSOE y no del PP. Sin embargo, repasando los Presupuestos Generales del Estado (y los de las autonomías y ayuntamientos de distinto color político) se hace difícil encontrar el punto exacto en el que se produce esa marginación y persecución. A lo mejor el laicista radical es el presidente del Congreso, vaya usted a saber.

Por tanto, debemos entender que cuando se habla de ese supuesto "acoso" de cierto sector político a la Iglesia se habla de un "acoso" ideológico. En los últimos años la Iglesia dice sentirse así porque el legítimo gobierno democrático, votado por dos veces, ha aprobado leyes contenidas en su programa electoral que la citada Iglesia considera ofensivas contra su fe (que, hasta donde sabemos, no se presenta a las elecciones -nótese la ironía-): el matrimonio homosexual o el aborto, por citar dos ejemplos.

La Iglesia se siente acosada por un Gobierno que no sólo pone dinero para eventos de una confesión privada sino que, además, prohíbe durante su celebración que en otros puntos de la misma ciudad, y sin interferencia alguna, se celebren marchas laicas contrarias a él sin ninguna justificación que parezca fundada. El derecho de manifestación ha quedado temporalmente suspendido por orden de un gobierno socialdemócrata con motivo de la visita de un jerarca eclesiástico. Pero los jerarcas, pobres, se sienten perseguidos.

Cabe preguntarse quién acosa a quién.

En estos años hemos descubierto que existen instituciones tan divinas (por la gracia de) que se hallan por encima de cualquier otra que hayamos conocido. Y es que esa iglesia sobreprotegida por las leyes y los poderes públicos, esa iglesia que participa activamente en política sin presentarse a las elecciones (vuelve a ser una ironía, sí), esa iglesia que dicta y determina cómo debe desarrollarse la vida privada de los ciudadanos, y no sólo de sus fieles... no sólo está exenta de los citados pagos de impuestos sino también de la crítica. Porque criticar las (legítimas) posturas de la iglesia se convierte en un acto ¡radical! y que además ofende los sentimientos religiosos de sus seguidores.

El resto de la ciudadanía (especialmente la atea, por supuesto) no tiene sentimientos. En este país sólo llora el niño Dios.

Pues en efecto: todo español tiene derecho de reunión, y eso implica una seguridad y unos costes que el Estado puede y debe asumir, como de hecho hace, ya sea para un señor con falda venido de Roma o para una panda de maricones sidosos. Nótese también la broma, por dios. Por Dios. Y hasta ahí. Eso sí, también deberíamos revisar si existe en España un principio de igualdad y un criterio objetivo en defensa del interés general a la hora de montar saraos y recibir dinero del contribuyente.

Porque, como bien dicen desde cierta compañía nórdica (y los nórdicos saben mucho) "tengo derecho a mi fiesta". A lo mejor un día nos da por ejercerlo a los que nunca lo hacemos. Y verás qué follón.