2010, fundido a negro (II)

Tras la llamada Ley Sinde y la polémica por el tráfico de los productos de la industria cultural, el final de este año 2010 ha estado marcado por otro tráfico: el de la información.

WikiLeaks: ¿son 'los nuestros'?

Imagen de promoción de WikiLeaks.

Wikileaks se ha convertido en una cuestión de índole y preocupación internacional, siempre por debajo, claro, de la crisis económica que todos los países sufren en mayor o menor grado. Esta organización nació con el pretendido objetivo de hacer pública, mediante filtraciones que preservan el anonimato de sus fuentes, información sensible para cualquier gobierno del mundo. El gran damnificado, de momento, ha sido Estados Unidos, cuyos cables con información diplomática -es decir; los contactos entre sus embajadas y el Departamento de Estado- han sido publicados el pasado mes de noviembre en la que se ha reconocido como la mayor filtración documental de la historia.

De ahí surgen las grandes preguntas: ¿es lícito?, ¿es defendible?, ¿beneficia realmente a los ciudadanos de los países afectados? Y más: ¿estamos hablando de información o de espionaje? Es fácil defender la tarea de WikiLeaks desde un punto de vista estrictamente periodístico: en esto consiste dicha profesión, en recibir información y contarla. ¿Qué ha cambiado? Quizá el volumen, quizá que las filtraciones no llegan a un medio tradicional sino que se ofrecen en bruto a quien las quiera leer, o quizá la materia de su contenido o un tipo de documento al que nunca antes se había tenido acceso.

¿Sólo esos medios tradicionales pueden contrastar la información, depurarla, separar el grano de la paja o decidir eliminar lo que suponga un perjuicio social o al interés general? Casi nadie puede leer 22 000 páginas en solitario: una persona necesitaría en torno a siete años para hacerlo sola. Por tanto, este tipo de fenómenos demuestra que no hemos acabado con la figura del periodista: sigue siendo necesario alguien que acerque la realidad al ciudadano. Y seguirá siéndolo siempre si queremos garantizar ese derecho, por mucho que cambien los formatos; ya sea desde una redacción o desde el salón de una casa.

Por ello en España, tal vez en otros países también, parte del debate se trasladó al tratamiento que El País dio a las informaciones derivadas del contenido de los cables diplomáticos. Este diario fue quien junto a otros prestigiosos medios como The New York Times o Le Monde administró las revelaciones de la organización; y si bien hubo cierta desmesura al colocar durante más de un mes cualquier titular relacionado con ello como si estuviésemos asistiendo a la última hora del fin de los tiempos, las críticas externas parecían ser fruto de la envidia por la exclusiva más que de un análisis profesional. El País erró al no priorizar la información de WikiLeaks al nivel de la global y convertirla en principal de partida, fuese el tema la actuación del gobierno tras la muerte de José Couso o la opinión de un embajador sobre la ropa de un ministro; pero no lo hizo al entender la relevancia genérica de los cables, organizar su difusión y facilitar su acercamiento a la sociedad. En el fondo todos sabemos que cualquier otro medio habría estado encantado de hacer lo mismo, y si lo hubiese hecho con el estilo de El País, bien habría estado.

Discusiones mediáticas aparte, y resumiendo, WikiLeaks no ha cambiado nada, sólo nos ha recordado que existe una dedicación periodística que puede haber estado algo descuidada en los últimos tiempos. Llamar a esto espionaje o traición es algo que ningún periodista sensato se debería permitir por una mera cuestión de supervivencia; y lo cierto es que además de la capacidad de contraste que han ejecutado los cinco periódicos que han contado con la exclusiva, ni el gobierno estadounidense ni tampoco ningún otro ha negado la autenticidad de los datos publicados. ¿Se puede hacer un alegato en contra de la publicación de lo que pertenece a los ciudadanos? ¿Se ha puesto en riesgo la seguridad de alguien? Ambas respuestas son concluyentes: no. Y es ahí donde está el límite. ¿Anularíamos ahora el mareo al que The Washington Post sometió a la administración de Nixon hace unas décadas? ¿Defendería el director de cualquier periódico del mundo ocultar un vídeo en el que militares matan civiles, hecho con el que se inició el salto a la fama de WikiLeaks? Sería inaudito. Y deplorable. Ahora los papeles del Departamento de Estado, en su gran mayoría, no han aportado nada nuevo que no conociésemos, pero sí han servido para abrir un interesante debate sobre los límites de la información y el lugar por el que debemos trazar la línea de ese fundamental derecho.

La única garantía está en aplicar a todo lo que se publica las reglas genéricas de esta profesión, con la debida y necesaria responsabilidad y siguiendo un código ético de sensatez. Periodismo no es tener unos papeles y publicarlos, es el entramado intermedio y el resultado final. WikiLeaks no es un fin en sí mismo, ni tampoco es relevante su mediático representante Julian Assange o los titulares que de él se puedan derivar. No lo son los medios de comunicación ni quienes les ponen cara, voz o pluma. Lo realmente importante es qué le vamos a contar a los ciudadanos y cómo lo vamos a hacer. Desconocemos si WikiLeaks está de nuestro lado, del lado aliado, o del otro, del lado enemigo; pero sí sabemos en qué lado debe estar el periodismo: en el del ejercicio de su responsabilidad. En el fondo pocas cosas han cambiado. En la superficie... algo se mueve. No se trata de llenarnos la boca con términos como 'libertad', basta con que estén implícitos en el desarrollo de un trabajo que nunca debería ser noticia en sí mismo y que tiene sentido únicamente cuando desarrolla y alcanza el fin social, no tan utópico, por el que ha sido concebido. Cobra mayor importancia este punto en un tiempo en el que ha quedado patente que una gran mayoría desprecia su propio conocimiento de la realidad y relega a un segundo plano la reflexión sosegada y la recepción de datos sobre ella, en favor de otro tipo de contenidos abrazados por un superficial y vacuo modo de entretenimiento colectivo.

¿Con quién contamos?

Fotografía de Gorka Lejarcegi en El País, con el equipo inicial de CNN+.

Ha cerrado CNN+. Mientras discutimos sobre la información España ha perdido un espacio para difundirla. Como ellos mismos han comentado en sus despedidas siempre es triste que cierre un medio de comunicación. En esta tierra nuestra, siempre tan suya, muchos botaban de alegría al creer que la caída de una televisión del grupo PRISA -e incluso la caída en picado del propio grupo, digna de estudio- suponía una victoria de los suyos y una derrota de los otros. Así funcionamos, con pertenencias primarias y alaridos pobres que nos recuerdan no tanto la altura a la que estamos sino, principalmente, aquella a la que queremos estar.

No valen lamentos, ni sirve ahora manifestarse en la calle o lloriquear la evidencia. No nos engañemos: CNN+ cierra porque la audiencia no acompañaba su proyecto. Todos los muertos son buenos, y además es de manual alabar en el entierro a quienes dimos la espalda en vida. Hipocresía pura y dura.

La información nunca ha sido rentable en televisión. Al contrario de lo que sucede en la prensa escrita o la radio, cualquier formato consistente en dar noticias es deficitario en un medio más volcado en el entretenimiento. En el caso de las televisiones llamadas generalistas mantener el servicio público informativo es compensado con el resto de los contenidos de la parrilla: da prestigio y crea imagen de marca. Pero no, no da dinero. Así se mantuvo también el canal de información que ahora se nos va: compensando los fuertes ingresos del grupo PRISA para financiar un canal informativo que de otra manera no podría haber existido. Muerto el sueño de Polanco -muerto probablemente por su propia muerte- muere también un medio ahora insostenible.

¿Qué viene detrás? La oscuridad, sí. Nadie tiene derecho a exigirle a una empresa que sostenga un negocio que no es tal. Qué bonito sería que los ciudadanos prefiriesen el debate político sosegado a la observación -e incluso observancia, si se apura- de una manada de borregos sacándose mocos... o lo que surja. Pero, ¡ah! No es la pérfida televisión, es el mandato popular. El asunto del huevo y la gallina está claro cuando hablamos del mando a distancia: alternativas hay para quien las quiera. De momento. ¿Las queremos? Los datos indican que no. Gritan ahora, lloraremos luego con gran cinismo; cuando no sirva de nada.

2010, fundido a negro (I)

Diputados votando la Ley de Economía Sostenible en la Comisión del Congreso. Fotografía de Uly Martín para El País.

No, el título no es un "ingenioso" juego de palabras sobre la inminente subida en las tarifas eléctricas. Podría ser, porque a los periodistas y a los aprendices de ello nos encantan esas cosas; pero no. En general, 2010 termina con un enorme fundido a negro en el que todos han tenido lo suyo; vienen uvas rancias. Veamos tres casos de actualidad, empezando aquí por la extraña e inquietante ley que parecía lo que no era -léase rápido y sin respirar-.

El debate que confundimos.

Está protagonizado por la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, que ya es rancia en sí misma y no necesita ayuda. Sinde ha sido centro informativo del último mes del año gracias a una disposición en el proyecto de ley de Economía Sostenible que hablaba sobre propiedad intelectual, y esencialmente sobre cómo combatir esas páginas que ganan dinero gracias a la siempre amable y bienintencionada libertad de expresión. Disposición, de poco más de dos folios, que casi nadie ha leído y que casi todos, aunque indirectamente, hemos comentado.

Indirectamente, porque esos párrafos han quedado velados por lo que a juicio de la mayoría es importante. Primero que la ministra es idiota. Esto es probablemente cierto -y además es seguro que es una prepotente, enfermedad habitual del analfabeto poderoso-, pero eso no hace buena ni mala una ley a la que sus detractores, muy hábilmente, han colgado el impopular nombre de una señora a la que resulta complicado imaginar redactando textos jurídicos. La ley es mejorable -¿por qué esa obsesión por meterlas en batidoras y mezclar agua y aceite?-, pero ni es mala del todo ni evita garantías judiciales. En serio. El segundo tema que nos preocupa es que la libertad de expresión está en peligro -ahora se llama libertad de expresión a lucrarse con el trabajo de otros, sí-. Por último, que el gobierno es básicamente una horda de seres malvados y crueles -hombre, ineptos sí, pero para ser malvados hay que ser inteligentes- que va a venir a cerrar páginas web como ésta en la que escribo. Nada más lejos de la realidad.

Basta con derribar unos cuantos mitos: intercambiar archivos no es lo mismo que venderlos o hacer negocio con ello. Lo que yo creo es mío y yo decido dónde lo pongo, cuándo y de qué manera, y ya tú, si quieres, me dices que te parece una mierda y que no lo compras. No, Wallace del mundo: no es un acto revolucionario colgar la última superproducción de Hollywood en la red e ingresar publicidad parelela. La libertad de expresión ampara a lo que uno crea; y hay gente que legítimamente quiere vivir de ello, o incluso forrarse con ello. Sí, ganar dinero en cantidades indecentes para comprarse un casoplón en Miami es un derecho. ¡Qué le vamos a hacer!

Es conocido que las industrias cinematográfica y musical están dirigidas por patanes con pocos dedos de frente que piensan en blanco y negro, con definición analógica. Bien, ¿y? Ser un inútil en los negocios o empeñarse en apostar por un modelo caduco no legitima que otros puedan cometer delitos. En España subvencionamos el carbón y nadie ha propuesto dejar de pagar la luz. Por otro lado, a todos nos gustaría un Netflix español, pero ¿pagaríamos igualmente teniendo alternativas gratuitas ilegales? Yo no me fío de mis vecinos, soy así. Porque la clave de todo esto no es la 'perroflautada' del "gratis total", que algunos reivindican, ni convencer al mundo de que la SGAE es mala y la odiamos -que sí, es mala y la odiamos-. La clave está definida en la frase de una dirigente socialista: "si protegemos más los ladrillos que las ideas estaremos condenando a los jóvenes a dedicarse a crear ladrillos". Era algo parecido. La frase es bonita, pero también demoledoramente acertada.

Ahora hay que decir quién está a favor y quién en contra de la propiedad intelectual; y en España, por cierto, todos los partidos están a favor. Sin excepción. Menos mal. Por eso habrá una ley, que es deseable que mejore a la que intentó aprobar el gobierno, contando así con un amplio consenso y generando tranquilidad jurídica -y judicial- en ciudadanos y usuarios. Es ahí donde estaba la discrepancia, no en el fondo, a pesar de la opinión de quienes se han erigido a sí mismos en defensores de un extraño ente llamado "los internautas". ¡Son internautas, y sólo parecían ciudadanos! Y pocos, por cierto. Conectar a los que faltan debería ser otro gran reto para este próximo 2011, aunque quizá sea más complicado que vender humo y mentiras vestidas de 'buenismo' futuro.

Grandes y alarmantes sorpresas

Decenas de pasajeros tirados en Barajas. Fotografía de Reuters en elmundo.es

Desde que ayer los controladores aéreos entraron repentinamente en estado de tensión, todos a un tiempo, y miles de viajeros se quedaron atónitos en aeropuertos -algunos ya embarcados- viendo cómo se cerraba el espacio aéreo al no poderse garantizar su seguridad, los españoles hemos empezado a entender y descubrir cosas... ¡increíbles! Cosas que jamás habríamos imaginado. Es como si nos hubieran dicho que los gnomos existen pero en plan previsible; de esto que sale un señor con boina y cara altiva afirmando: "si ya lo decía yo", y entonces todo el mundo contesta: "pues lleva usted razón".

Por ejemplo, nos enteramos de que si el Estado crea una clase privilegiada indestructible, llena de derechos y vacía de compromisos, pueden pasar cosas como que un día esa élite se revuelva y lo ponga todo patas arriba, paralizado y en una postura espantosamente ridícula. El caso es similar al de esos adolescentes que salen en modernos programas de televisión a los que llaman sus padres porque, después de toda una vida convirtiéndolos en unos malcriados repelentes, han decidido explicarles cómo es la de verdad y, claro, los chavales no tienen más recursos intelectuales que tirar jarrones a la cabeza de sus siempre bienintencionados progenitores, que se han quedado en el paro y ya no pueden cambiar el coche de sus criaturas cada mes. Pero ellos no lo entienden porque son así, los pobres: engreídos, chulos y cortitos de miras. Demasiado tarde. ¿Quién tiene la culpa? Sus papás, claro.

El caso es que si bien sus padres -gobiernos varios y sucesivos- no se daban cuenta -o no les interesaba demasiado el asunto porque estaban muy contentos dedicándose a disfrutar el tiempo de bonanza con casitas nuevas y viajes al Caribe-, los vecinos-ciudadanos ya comentaban en la escalera que esto podría pasar: iban observando que en determinadas fechas clave los chavalitos no tenían demasiados reparos en metérsela doblada al personal y que los derechos del resto de la humanidad no estaban entre sus prioridades de vida. Era salir de puente todo el edificio y ellos ponerse a liarla parda: que si pinchos a la salida del garaje, que si fugas de agua... "Tanto tiempo los niños solos... ¡no puede ser!", comentaba alguna vecina indignada; que no entendía como tenían un trabajo en casa de papá con más privilegios que papá. Pero no le hacían mucho caso, no parecía que pudiese llegar a ser grave.

Pero sí, ha estallado y ahora hay que llamar a asuntos sociales para que reeduque a quien tiene demasiado poder y no sabe administrarlo. En el mundo de AENA-Fomento ese reformatorio tiene un nombre inquietante: privatización. Sus papás ya no se pueden hacer cargo de ellos porque dicen que ni tienen fuerza para doblegar su mala educación ni dinero para sostener la casa, la familia y la empresa que habían montado. Pinchó la burbuja. Esto podrían haberlo pensado antes, pero las familias españolas no tienen esa cultura de la previsión y la austeridad, así que ahora toca ventilárselo todo. Un caso dramático con cuya solución no todo el mundo está de acuerdo. Veremos, habrá tiempo a discutirlo.

Lo otro que hemos descubierto los españoles es que... ¡tenemos ejército! Es algo grave que durante tres décadas no nos hubiésemos dado cuenta, pero ahí están. Esos señores que desfilan dos veces al año -el día de las Fuerzas Armadas y el de la Fiesta Nacional- el resto del tiempo también existen, y además tienen funciones constitucionalmente atribuidas. ¿No es maravilloso? Tal vez sea un buen momento para acabar con los complejos de los españoles, ya que ayer de repente se volvieron anarquistas en masa. No quedaba claro si ahora somos todos antimilitaristas o sencillamente es que queremos que el ejército se dedique sólo a desfilar; que sea algo así como las bandas municipales. Luego de vez en cuando podemos enviarlos en misión de paz -lo que viene siendo repartir caramelos por desiertos- y así ya tenemos el equipo al completo: también pueden hacer de reyes magos. Muy decorativo todo. Feliz navidad.

Es urgente que los españoles empecemos a asumir ciertas cosas: que la memoria histórica no es un capricho de rojos, sino una necesidad de reparación y convivencia que no provocará la ruptura del suelo bajo nuestros pies, y que en los Estados democráticos los ejércitos existen y no son bichos malos que vienen a comerse a la población. ¡Parece tan fácil! Cuando las izquierdas y las derechas superen sus complejos empezaremos a ser todos mucho más felices y no viviremos en esta angustia de hacer acopio de víveres cada dos por tres. Qué esperaríamos del PSOE, ¿que disolviese las Fuerzas Armadas al llegar al Gobierno? ¿Se apoyaría en masa esa decisión? ¡Cielos!

Volviendo a la realidad, el Gobierno ha decretado el estado de alarma [documento BOE] y, por lo que sabemos, a esta hora aún no hay tanques por las calles de Madrid. Aún. A lo mejor Zapatero no ha comparecido todavía ante los ciudadanos -qué gran error, por cierto- porque le están enseñando a conducir uno por los jardines de Moncloa; pero esta posibilidad no estaría de más descartarla. Lo llamativo es que estas críticas las hagan sobre todo los que en su fuero interno, y a veces no tanto, adoran a Stalin y a Franco: vaya, justo los que no tienen ni idea de para qué sirven las Fuerzas Armadas en un Estado de Derecho. Por eso andan tan preocupados, porque su concepto militar es el del propio régimen al que adoran. "¡Un gobierno del PSOE mandando militares a solucionar problemas!" Quizá el boicot chantajista de unos niñatos sirva para que hoy miles de ciudadanos aprendan algo sobre su propio país y la Constitución que lo sostiene. ¡No hay mal que por bien no venga! Efectivamente se ha oído hablar mucho de Franco, en esas habituales dosis de demagogia que le encantan al español medio; y los medios -en plural- resaltan mucho eso de "¡es la primera vez en democracia que estamos en estado de alarma!" Y claro, es inevitable pensar en la cantidad de cosas que aún no habremos usado tras treinta años de feliz democracia. Feliz democracia, sí, pero democracia bebé al fin y al cabo. La generación anterior a la mía no nació en ella; no digo más.

Hablando de las izquierdas algunos han querido ser más papistas que el Papa y han convertido todo esto en un conflicto laboral en el que el Gobierno es una bruja mala derechista. Porque ahora, ser de izquierdas significa cosas tales como -agárrense- defender: el fundamental derecho a crear de la nada huelgas ilegales no convocadas y poner en jaque a un país justo en el momento financiero más grave de los últimos tiempos; pasarse por el forro los derechos de los ciudadanos; que los aviones son sólo un medio de transporte elitista de ejecutivos, así que lo que pase con ellos no importa -los inmigrantes esos que salen por televisión llorando porque llevan un año ahorrando y haciendo horas extra para ir unas navidades a su tierra son unos mierdas, y además irse de vacaciones es de burgueses: ¡desde cuándo la clase obrera puede hacer eso!-; que total 600 000 personas paralizadas no son nada, ¡si somos muchos más!; que hablar del turismo y la imagen nacional es defender intereses empresariales frente al derecho de los trabajadores a ponerse tensos todos a la vez -¡malditos empresarios explotadores en chiringuitos de playa! ¡Qué vergüenza!-; y además que "de la crisis nos tienen que sacar los que más tienen", pero desde luego con 250 000 euros anuales lo mejor es que les subvencionemos para una huelga de verdad. De esas convocadas y con pancartas y tal.

Pongámonos serios: supongamos que la mayoría de los españoles sí saben que el ejército no va a dedicarse a tirotear a la población civil, que saben también que los jueces existen y no hablaremos de "los fusilamientos del amanecer del 5 de diciembre", que comparten que todos los trabajadores tienen derechos -el sueldo da igual, sí, todos- pero que saltarse las obligaciones irresponsablemente tiene consecuencias y que, además, nuestros políticos se parecen más al Alfredo Pérez Rubalcaba y al Francisco Granados de anoche que al Esteban González Pons y al Gaspar Zarrías de hoy. Supongamos todo esto y, analizando la realidad que de verdad importa concluyamos: que el Gobierno está haciendo lo correcto, que la oposición debe ser responsable, que hay que revisar la capacidad de un colectivo como el de los controladores para reírse de un país y jugar con su economía y las necesidades de sus ciudadanos y, por último, que esto no lo hemos inventado nosotros: en Francia y en Alemania también hacen huelgas y se quedan sin aviones, sin trenes y con carreteras cortadas. España no es un país tan ridículo como los españoles nos empeñamos en afirmar. El asunto es: amigos, esto no es una huelga, es una conspiración de una clase privilegiada contra los intereses del conjunto de los ciudadanos. Y como tal debe ser tratada.