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| Fotografía: Paul Hanna, de Reuters, en rtve.es |
Para que un trabajador decida secundar una convocatoria de huelga deben pasar dos cosas: que esté formalmente de acuerdo en que el motivo que provoca dicha convocatoria es digno de respuesta y, además, que comparta los objetivos que con ella se persigan y, por tanto, las propuestas de las organizaciones convocantes.
Una iniciativa de este tipo no es abstracta ni huérfana. Más allá de la palabrería habitual y respetable sobre el capital, el Gobierno, la crisis o la clase obrera -es decir, lo de siempre, amistades y enemistades abstractas-, el hecho es que el Gobierno ha aprobado una reforma laboral y anuncia otra en torno a las pensiones -éstas sí son concretas- que empuja a determinadas organizaciones sindicales -nos centramos en las mayoritarias UGT y Comisiones Obreras- a tomar la decisión de llamar a la ciudadanía a una huelga general, algo que se hace bajo unos argumentos también concretos, con un ideario y un punto final que no está en la nubes sino redactado en papel.
Por todo lo anterior es absurdo reducir el análisis de los datos a la respuesta de los partidarios del Gobierno y sus detractores, o de los partidarios de los sindicatos y sus detractores, o de los votantes de una determinada formación política y sus detractores. El simplismo -estás conmigo o contra mí- ya es aburrido. Se puede estar contra la decisión del gobierno y, al tiempo, contra lo que proponen los sindicatos. Cada trabajador habrá tomado una decisión que responderá a millones de factores distintos, tantos como población activa hay.
Dice Cándido Méndez que "quienes han acudido a trabajar lo han hecho coaccionados" y alguien en su sindicato ha comentado que -agárrense- "no existe el derecho a no hacer una huelga". Pues efectivamente, la desgracia es que hay muchos trabajadores coaccionados en sus puestos de trabajo; pero esos, amigo Cándido, también lo están cuando no hay banderas en la calle que coaccionan a quien tiene pensamiento contrario -coacción esta última, poniéndonos demagógicos, por la que los trabajadores a veces no cobran en dinero sino en puñetazos-. Esa coacción, la diaria, es la que debiera preocupar a un representante de los trabajadores, no si su existencia permite que estos acudan a aplaudir a sus líderes. De su lado, no son pocos los transportistas a los que ha escuchado este mileurista que escribe afirmar "el miércoles no salgo porque, aunque no quiero hacer huelga, me interesa más que quedarme sin mi medio de vida" -esta encuesta no es científica y responde a las respuestas voluntarias de ciertos trabajadores-. En fin. En cuanto a lo otro, un sindicalista despreciando uno de los más fundamentales derechos constitucionales, que tendría que tener grabado a fuego, ha sido la escena más bochornosa, ridícula y lamentable de la jornada, sin duda.
Pero todo esto es anecdótico. Cualquiera tiene derecho a trabajar o a secundar el paro en esta jornada. Si treinta años después los empresarios siguen repartiendo prepotencia y los sindicatos se creen con autoridad para montar brigadas de represión es que no hemos evolucionado nada, que es la conclusión a la que se puede llegar escuchando a unos y otros con sus discursos y retórica del XIX.
Todo el debate está contaminado. Criticar a los sindicatos no es ser un fascista. Se ataca también el funcionamiento democrático interno de los partidos políticos y seguramente muchos ciudadanos compartan que éste es manifiestamente mejorable: pues bien, si alguien utiliza esa posición para atacar la existencia misma de los partidos y de la democracia el argumento inicial no se anula; cada cual dice lo que dice, con independencia de cómo lo quieran aprovechar cuatro desequilibrados. Constatar lo arcaico del funcionamiento sindical presente no es abogar por su desaparición, es ejercer la libertad de expresión para advertir responsablemente a quien corresponde de que se está cubriendo de gloria oscura. Los representantes de los trabajadores son imprescindibles y un componente irrenunciable en cualquier sociedad democrática, pero ello no excusa que el modelo de sindical español -y se ha terminado de demostrar- esté muerto. Sus responsables deberían escuchar a quienes hacen crítica constructiva para evitar que, cuando sea tarde, sean más fuertes quienes aprovechan ese flanco para arribar a un puesto diferente: mientras unos pretenden modificar un concepto para devolver su utilidad y cercanía a la sociedad, otros pretenden destruir el concepto en sí. La culpa no será de los críticos; será de quienes se creen dioses y, blandiendo la bandera de la historia o de la importancia teórica del sindicalismo, van camino de hundir su capacidad práctica a la nada. Esto pasa siempre que uno mira desde arriba y no desde la altura que le corresponde. Los sindicatos recuerdan a Hugo Chávez cuando decía aquello de "yo soy el pueblo". Llegó a creérselo, pero la realidad es que las urnas muestran abanicos más amplios. Los sindicatos españoles ya sólo representan a sus afiliados -cada vez menos, por cierto-, y son legión los miles de trabajadores sin ataduras militantes que no se sienten identificados en sus acciones o discursos.
Sin duda, es difícil sentirse identificado con organizaciones que amenazan a ciudadanos libres que quieren ejercer sus derechos, boicotean comercios y empresas o ponen en peligro la integridad física de otros compañeros trabajadores. ¿No son todos? Claro que no. ¿Generalizar está muy feo? Claro que sí. Tampoco todas las empresas con El Corte Inglés. Esto se llama "probar tu medicina". Atropellar personas es indignante y lamentable, sí; como amenazar a trabajadores, pero es igual de indignante si lo hace el dueño de una fábrica o un representante sindical -cuando no hay doble moral y se tiene un mínimo respeto por la Ley-. Dicho esto, no he visto que Méndez y Toxo animasen a la calma y la participación democrática y pacífica, sino más bien lo contrario. Ellos sabrán si es más importante su futuro a medio plazo o salir del paso en una huelga fracasada.
Pero lo anterior es, insisto, anecdótico. Ahora vamos a la sustancia del asunto. Sindicatos, empresarios y Ejecutivo tuvieron en sus manos sacar adelante una reforma laboral consensuada. El Gobierno decidió que en ese tiempo iba a pasar del tema, como si no representase a nadie y esto no fuese con él. Delegó al completo en los 'agentes sociales' esta enorme responsabilidad y, llegado el momento del ahogo, puso un plazo. El resultado final es conocido: la reforma viene por decreto y sin acuerdo.
Sindicatos y representantes empresariales han mostrado, a partes iguales, un dogmatismo y una incapacidad digna de estudio. Los empresarios no tienen intención de proponer nada nuevo sobre su visión rural a la que ya nos tienen acostumbrados y los sindicatos, de manera vergonzosa, han lanzado el mensaje externo de estar defendiendo la legislación actual, ésa que crea un paro del 20%, una temporalidad desorbitada y una precariedad insostenible. Es lo cómodo para quienes ocupan las cuotas de representación y poder en ambas partes: no moverse, convertirse ante los suyos en defensores de la nada que tanto gusta.
Muchos se preguntarán dónde estaban los sindicatos cuando teníamos un sistema laboral de precariedad y temporalidad pero una tasa de paro del 8%. ¿Por qué no se hizo entonces una huelga general para acabar con un sistema claramente injusto y desequilibrado? Tal vez porque en ese entonces los 'hijos de la clase obrera' dejaban sus estudios sin acabar para cobrar tres mil euros en la construcción, y no había mucho que hacer. Ya tenemos una generación muerta, maravilloso. Ahora que un gobierno da un primer paso para modificar el sistema -y ya podremos comprobar con el tiempo si resulta o no eficaz- estos sindicatos tienen poca autoridad para pedir una movilización que busca mantener los privilegios de unos, muy pocos, y la basura en la que nada la mayoría -también, por cierto, los autónomos, esos trabajadores a los que no afecta esta reforma pero de los que tampoco se suelen acordar los defensores del obrero. Cualquiera diría que no hay obrero sin patrón al que enfrentar, ¿no?-. Menos autoridad tienen aún esos líderes de los trabajadores que se levantaron de la mesa y dejaron en manos de Zapatero y los suyos toda la carga del nuevo texto para después tener algo que reprochar y, tal vez así, justificar su existencia planteando huelgas a toro pasado. Hubo tres años de reuniones vacías. Vestirse de víctima tras hacer dejación de funciones en aquel lugar donde se podía ser influyente carece de sentido.
A lo anterior le añado una nota al margen: es probable que algunos trabajadores piensen -pensemos- que crea una cierta desconfianza un discurso sindical más preocupado por el despido que por la contratación. Lo que quiere un trabajador -normalmente, digo- es trabajar, no indemnizaciones puntuales de carácter estupendo que, con suerte, podremos recibir una vez en la vida -y mucha suerte tendría que ser ésa-. Firmar contratos decentes que permitan el desarrollo laboral y personal con planes de vida algo diferentes a los del presente y sin estar atados, como ahora, a un modelo arbitrario y precario debe ser un objetivo más urgente del defensor del obrero. Digo yo, vamos.
Resultado: la huelga ha fracasado. Ha fracasado porque el fracaso de toda actividad se mide en el cumplimiento de su objetivo, y el Gobierno no va a mover un punto de su reforma laboral. Pero ha fracasado, además, porque la inmensa mayoría de los trabajadores no compartían ese objetivo, y lo demostraron acudiendo a sus puestos. Quienes querían que algo cambiase pueden estar contentos; es decir, la inmensa mayoría que ayer no secundó una movilización con gestos del pasado en defensa de modelos ya probados injustos y desiguales.
Veremos qué nos trae el futuro, y a éste le queda un rato. Es verdad que ya no se escucha a los sindicatos, pero lo malo es que esa masa tampoco se fía demasiado de este Gobierno. Queda tela que cortar.





