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| Fotografía de Jorge París en 20minutos.es |
Hace unos días escribía en este mismo blog acerca de las palabras de un portavoz de Comisiones Obreras en torno a la inminente -hoy ya real- huelga de Metro. Decía este miembro de Comisiones Obreras, y lo ratificaba la organización en su web -ahora sabiamente rectificada como si no hubiera pasado nada- que los ciudadanos no debían indignarse ante la evidente existencia de alternativas: el vehículo privado y el taxi; y que si acaso para indignados estaban ellos por el egoísmo colectivo. A esto, supongo, lo llamamos solidaridad obrera; o conocimiento de causa; o vaya usted a saber. Para aclararme este extremo un comentario calificó mis palabras como las propias de un "bebé", de lo que deduje que mi amable visitante ni es usuario del transporte público ni maldita falta que le hace.
Ayer la citada huelga comenzó con unos servicios mínimos excesivos -en tanto que no estamos hablando de un servicio esencial- dictados por la administración competente, que es la Comunidad de Madrid; y ante esa situación y la ausencia de diálogo entre las partes fomentada por la actitud del Gobierno autonómico hoy los sindicatos han decidido saltárselos e ir al cierre total. De entrada, uno se pregunta por qué la opción ante la disconformidad con la decisión del ejecutivo autonómico es el extremo y no, por ejemplo, trabajar con arreglo a su propio criterio sobre cuáles debieran ser esos mínimos necesarios -como me sugieren en twitter, el 50% del servicio en horas punta y el cierre durante el resto de la jornada-. Pero no es ya el asunto imprescindible.
Esta huelga ha evidenciado un problema mayor, y es una mera cuestión de estrategia o incluso de percepción de la realidad. La Comunidad de Madrid está gobernada por un Partido Popular que habla sin ambages ni ocultación de privatizaciones y externalizaciones en la prestación de los servicios públicos; en ocasiones de manera razonable y en otras, que son mayoría, de forma completamente disparatada. Pero a decir de los resultados de las encuestas, de los más claros resultados electorales o de las cifras de contratación de seguros médicos privados en comparación al resto de España la ciudadanía madrileña no está demasiado disconforme con esa vía política. Esta mañana los tertulianos de Onda Cero, que hasta donde sabemos no son un referente de la izquierda tradicional, lo tenían claro: la solución podría pasar por "la valentía" de Esperanza Aguirre para, finalizada esta jornada, tomar decisiones tales como ejecutar despidos o, tomando como referente el aplaudido decreto de José Blanco en torno a los controladores aéreos, iniciar una privatización vía decreto del personal de esta empresa. ¿Es lo que pretendían hoy los trabajadores de Metro de Madrid? Entendemos que no.
En estas ocasiones se mezclan dos hechos indivisibles: el derecho a la huelga, que nadie aquí pretende negar; y la responsabilidad que debe exigirse a toda organización social. Hemos visto en innumerables ocasiones, aún siendo un asunto completamente distinto, cómo los pilotos de compañías privadas o los controladores aéreos ejercían huelgas abusivas para mejorar sus cómodas y envidiables condiciones laborales. Y no eran abusivas por ser huelgas, sino por las formas y los tiempos, nunca casuales. Eran abusivas por tomar como "rehenes" a usuarios que en muchos casos debían pasar meses ahorrando para comprar ese billete y viajar a su tierra, o que cuentan con días limitados de vacaciones en los que poder realizar "sus sueños" o, por poner ejemplos menos gráficos y populares, ese ejecutivo que estaba ante el negocio de su vida en Londres. Todo esto se hacía a sabiendas de que el impacto social de su protesta sería mayor y casi todos hemos coincidido en criticarlo cuando así ha sucedido. De hecho también casi todos hemos estado conformes con la medida del Ministro de Fomento en lo que respecta al salario de los controladores que utilizaban vergonzosamente su posición de poder para chantajear al Estado. Pero, ¿contra quién revierte este método de huelga? Claramente, el principal perjudicado es el usuario.
No todas las profesiones son iguales. Si una fábrica de automóviles se paraliza el impacto social y sobre todo el impacto visual es mucho más limitado que si lo hace un servicio público que cada día utilizan millones de viajeros. Saber que se tiene esa fuerza y usarla es legítimo; pero el empleo desmesurado de la misma no dice demasiado en favor de quién la aplica. Metro de Madrid no es un hospital pero, diga lo que diga la ley sobre lo que es o no es prioritario o esencial, presta un servicio básico para muchos madrileños. Y esto los sindicatos deberían saberlo. Entrar en cuestiones demagógicas sobre lo que supuestamente cobran los conductores de Metro de Madrid no es la intención: todo trabajador tiene derecho a la huelga, perciba 15.000 o 300.000 euros al año. Eso no importa. Sin embargo, esta cuestión cambia cuando a alguien se le presupone una sensibilidad social. ¿Deberían tenerla los sindicatos? Cuando alguien pertenece a una empresa donde nadie cobra el salario mínimo interprofesional y en la que existen contratos blindados; si se dice sindicalista, ¿debe pensar al decidir el modo de sus reivindicaciones en los trabajadores rasos de empresas privadas que en plena crisis quieren llegar a su puesto de trabajo y que tienen en Metro de Madrid un servicio fundamental de nuestra red de transportes? Parece que la respuesta es evidente.
Quien escribe no es sindicalista, ni por afiliación ni por acción; pero no puede entender que la postura más de izquierdas, la más pura ideológicamente, sea montar el mayor jaleo posible con independencia de a quién nos llevemos por delante. ¿No repetían aquello de "no queremos que la crisis la paguen los de siempre" de manera constante? Lo llamativo es que en este caso a quienes se pueden llevar por delante es a sí mismos. Como explicaba unas líneas más arriba, en esta Comunidad es cada día más complicado recoger firmas en contra de la privatización de los servicios sanitarios, elemento indispensable del estado del bienestar que ni siquiera muchos a la derecha comparten en retirar de las manos del Estado. ¿Si mañana Esperanza Aguirre decide efectivamente firmar un decreto al estilo Blanco se pondrán los trabajadores de Metro de Madrid a la puerta de las estaciones, hoja en mano, a recabar apoyos por algo tan efímero frente a la salud o la educación como el transporte? La realidad, a pesar de los sueños húmedos de algunos y los discursos mitineros que la niegan es la que es: una que se pinta en la Asamblea de Madrid, de mayoría azul. Los sindicatos del Metro han legitimado de manera estúpida su propia destrucción que mañana nadie lloraría, máxime cuando en este caso no estaríamos hablando de la privatización de la empresa de manera global -dudo que sea rentable en sus términos actuales- sino de aquello referido al personal o a la prestación de determinados servicios. Por ello, sin entrar en mi postura en torno a estas privatizaciones y dando por supuesto que no es ésta la intención sindical sorprende la simpleza en la forma prepotente de abordar los paros. Es evidente que bastarían un par de titulares de prensa: objetivamente, la mayor parte de los usuarios de Metro de Madrid no cobran lo mismo que un conductor de la red. Ni siquiera algo parecido, y todo ello a pesar de su baja cualificación. La empatía del obrero de toda la vida se me antoja imposible. Aquí al menos no la van a encontrar.
En todo caso, con este gobierno autonómico o con cualquier otro esta huelga es, por sus formas, excesiva contra los demás trabajadores y los ciudadanos en general. Especialmente si tenemos en cuenta que a pesar de las críticas al ayuntamiento del inigualable deudor Gallardón por tener a la EMT funcionando al 100% de sus posibilidades en horas puntas de un día de invierno -es decir, la mayor posibilidad de todas las posibles- es sencillamente inimaginable sustituir a toda una red de transportes fundamental para una ciudad y millones de viajeros de la noche a la mañana. De hecho, sería absurdo que Madrid estuviese preparada -esto cuesta dinero, que es algo con lo que pocos cuentan- para algo que salvo causa humana como la de hoy, guerra nuclear o mágicos motivos es imposible que ocurra: que todas las líneas de Metro, independientes entre sí, fallen y tengan que ser cortadas a la vez. Sería igual de eficaz en la gestión pública que ver a municipios de la costa murciana adquiriendo masivamente máquinas quitanieves. Por si acaso. Es absurdo. Y lo es más si tenemos en cuenta que, como cualquier usuario habitual sabe, en muchas ocasiones los diferentes medios -Cercanías, Metro y EMT- no se sustituyen sino que sirven para combinarse entre sí. No vale buscar excusas fuera.
Por tanto, y resumiendo, nadie niega el derecho de ningún colectivo a la huelga; pero a todos los ciudadanos, y muy por encima a los representantes sociales, ya sean políticos, laborales o empresariales; se nos debe exigir la debida responsabilidad pública en nuestras acciones. Hoy los empleados de Metro o los sindicatos a los que haya correspondido la decisión del cierre total se han comportado de manera egoísta. Y lo cierto es que han conseguido lo que muchos desean orgásmicamente: ya nadie critica a Aguirre, sino a estos sindicatos alejados de la gente y de los ciudadanos, partidistas y mantenidos por los gobiernos de izquierda. Quien coge esta pancarta antisindical no estará a mi lado cuando critique el sistema de tarifas del transporte madrileño, cuando denuncie sus carencias, cuando tratemos la cuestión de las diferencias territoriales o cuando advierta la propaganda del Gobierno de Aguirre. Pero tampoco los sindicatos de Metro han decidido comportarse como los suyos esperaban. Blanco y en botella es leche. Transparente y rectangular es una urna. Hoy el PP las tiene algo más llenas. No sé sin con razón, pero sí con buenas razones.
