El debate de las naciones: sentimientos y mentiras

La selección española de fútbol festeja junto a la afición la victoria en la Copa del Mundo. Publicada en rtve.es, la fotografía es de Sergio Pérez para Reuters.

España, Cataluña; las naciones. Una o varias. Son eternos debates, pero ¿hemos abordado ya el debate real? Siempre que hablamos de los conflictos territoriales en España surgen las voces del sentimiento. Quien más o quien menos tiene ya una opinión formada sobre la cuestión; pero casi siempre sustentada en el ámbito sentimental. La exaltación nacional, el dramatismo histórico; el y tú más y tú peor; aquí no me quieren, tú me sobras, esto es mío y yo he venido aquí a hablar de mi libro son en cualquiera de sus variantes y posicionamientos actos de tinte sentimental. Y los sentimientos no se deben legislar. Puede ser correcto, oportuno o legítimo agitarlos en el debate político; pero no sirven de nada cuando deben conjugarse en pro del entendimiento y la convivencia común. A cualquier conclusión en el ámbito de un debate se llega únicamente por la vía de la racionalidad, y esta nunca se encuentra en el fondo de los instintos emocionales.

Hablemos del modelo de Estado. Si pudiéramos imaginar por un segundo que España es en efecto una nación que nadie pone en duda ni de la que intenta desgajarse observaríamos que a la hora de abordar la otra pregunta ahora dormida, "cómo queremos gobernarnos y representarnos", se dan exactamente las mismas circunstancias. Tanto ser republicano, como ser monárquico como ser otra cosa tiene siempre una vinculación ideológica que a su vez representa un sentimiento ajeno a la extensión llanamente política en clave de futuro. Por razón de nuestra historia reciente el republicanismo se ha vinculado a la izquierda, la derecha extrema a un rancio militarismo y en los últimos años la opción monárquica parlamentaria se ha cubierto de un halo de efectividad práctica un tanto forzada. En todo caso; casi nadie se para a valorar si una república en cualquiera de sus tipologías posibles o probables haría más efectivo este país, o más manejable, o más unido, o más estable, o más próspero. Al hablar de sistemas el debate se limita a la triste guerra, el color de una franja de la bandera o la legitimidad de aquella república que fue y no duró. Ni siquiera la justísima Ley de Memoria Histórica ha servido para calmar esa herida abierta. Qué decir del otro lado, en el que incluso aún alguna minoría justifica la dictadura. Sin embargo no hablamos de organización territorial o institucional, ni de garantías jurídicas ni de derechos o deberes ni de cómo queremos gestionarnos. El debate es siempre abstracto, con el corazón en un puño y sacando en él hasta la última víscera; las que nos corresponden y las que no. Por eso, cuando en alguna ocasión se propone el "republicanismo democrático rojigualda" alguno mira como quien ve un marciano. A estas alturas la heráldica o el color de la bandera no tendría que ser el debate máximo; sino qué representan y, sobre todo, a quién. Por eso el objetivo debiera ser buscar esa cómoda mayoría, o esa comodidad de la mayoría; sabiendo imposible que un Estado se sustente sobre normas básicas ideologizadas y dispuestas no para aglutinar sino para vencer al eterno enemigo. Ahora hay dos extremos que se alimentan entre sí: un modelo de republicanos que luchan por su ideal república socialista con líneas rojas ya determinadas y frente a ellos los antirepublicanos primarios que interiorizan el mensaje qué vienen los rojos. Nunca ninguna de las partes cederá y, como siempre, existe una masa moderada de entrada conservadora -los cambios sólo cuando sean imprescindibles- que es la que, llegado el momento de la necesidad, decidirá. Entre tanto, otros debieran entender que no podemos construir el futuro nacional en base a un pasado, cada uno el suyo; sino en base a las necesidades que tenemos para el futuro. Y saber también que el Estado debe ser esa herramienta que sirva de modo común a los ciudadanos; lo otro son programas electorales con los que concurrir cada cuatro años a unas elecciones. Ahí es donde interviene el sistema de mayorías; pero dentro de otro superior ya aceptado por todos. Y nacen entonces la estabilidad y el progreso.

Si con esta base regresamos al modelo territorial descubriremos que se repite el procedimiento: el debate se basa en la sospecha, el tópico, la cerrazón variable y el oportunismo. Cualquiera que haya estudiado al menos el bachillerato LOGSE sabe que efectivamente la historia de la península es complejísima y debe ser tenida en cuenta. Muy tenida en cuenta. Pero más allá de las realidades existe una excesiva mitificación. En el fondo, y por poner un ejemplo conocido, por estas tierras llegaron los pueblos árabes llamados por unos visigodos que tenían que resolver sus asuntos. Y claro, si a la visita le gusta el panorama y hay una ausencia de poder puede que se quede. Hoy lo que permanece en nuestro imaginario colectivo es la gloria tras expulsar al enemigo invasor. Pues vale, pero esto desde el inicio de los tiempos ha sido una orgía de pueblos, etnias y culturas condenadas a entenderse; jamás una base de RH común e indivisible. Si añadimos que la mayor parte de las decisiones y cambios dependieron de conspiraciones, traiciones, bodas, líos de cama, cuernos y amiguismos podremos entender por qué hoy nuestros ayuntamientos son como son; pero no mucho más.

A pesar de eso somos distintos entre nosotros, ésa es una evidencia. Pero, ¿estamos interesados en convivir o existe un interés en fomentar el odio visceral? Vamos a acudir precisamente al mencionado bachillerato y al eterno comentario de las diferencias educativas autonómicas. He extraído la forma que tiene un libro de texto de Cataluña y otro de la Comunidad de Madrid de contar el mismo acontecimiento histórico, elegido al azar: La Mancomunitat de Catalunya. [Las negritas son propias].

La Llei de mancomunitats és el resultat de l'actitud pactista de la Lliga amb els Governs de Madrid, després de la Setmana Tràgica. Francesc Cambó, líder de la formació catalanista i diputat a les Corts, aconsegueix que les quatre diputacions provincials catalanes es puguin unir amb finalitats administratives [...]. Evedentment això queda molt lluny d l'autonomia i no s'ha de veure com un reconeixement del particularisme català.

Creo que se entiende bien. El libro con el que yo estudié decía esto:

A diferencia de los nacionalistas vascos, la mayoría de los catalanistas eran liberales, no pretendían la independencia y, a partir de 1917, aceptaron incorporarse al Gobierno de España. Su principal partido era la Lliga Regionalista, fundada en 1901 y de tendencia conservadora. Su principal ideólogo fue Enric Prat de la Riba, que [...] defendió la identidad nacional de Cataluña y propuso una federación de nacionalidades ibéricas. En 1914, bajo el gobierno conservador de Eduardo Dato se estableció una primera institución que tenía atribuciones para las cuatro provincias catalanas, la Mancomunitat.

Las diferencias son palpables. No es que uno de los dos mienta o manipule porque al fin y al cabo se entiende que los libros de texto están redactados por profesionales, a pesar de que sea una instancia política quien intervenga en el esquema de contenidos. De hecho vienen a decir casi lo mismo. El asunto, como salta a la vista, es la intención. Es decir, la forma de contarlo y el mensaje indirecto que subyace en el contenido que se transmite al alumno. Rara vez he encontrado en el ejemplar catalán el término "España". Tanto es así, que donde yo estudié la asignatura 'Historia de España' ellos estudian 'Història'. Divididos desde la portada. Intencionadamente se repite la idea "gobierno de Madrid". Madrid es el enemigo a batir; es sin duda la personificación del mal. A su vez, el libro madrileño habla insistentemente de España y, como en este pasaje, suaviza las cosas cuando se trata de los otros reinos o las otras naciones, a los que se trata con condescendencia paternal. Hay que ver lo buenos que hemos sido y lo mal que nos tratan, es el mensaje final. Hay que ver lo malos que han sido con nosotros y la gran heroicidad de nuestros oprimidos, debe entender un alumno catalán, a los que cada mínimo gesto se les presenta como una victoria frente al Estado que les desprecia. En cualquier caso cada uno destaca la parte que le interesa. Un círculo vicioso y constante.

¿Interesa a alguien? Por supuesto. Y se ha agravado desde la creación del Estado de las Autonomías y la acumulación de enormes poderes por parte de sus gobiernos -que no es intención criticar-. En realidad, a pesar de que Cataluña o Euskadi estén siempre en el centro del debate estos odios mutuos se reparten por toda la geografía: León frente a Valladolid, la Andalucía oriental frente a la occidental, Valencia frente a Cataluña, Navarra o Cantabria frente a Euskadi o muchos frente a Madrid. Y tantos otros. Los gobiernos autonómicos, especialmente donde hay partidos nacionalistas, han sabido explotar muy bien ese impulso sentimental que de nuevo es el motor de todo. Si se le comenta a un valenciano cualquiera que su gobierno da una imagen pésima de su tierra o se hace la mínima crítica sobre él siendo foráneo, la posibilidad más habitual es que salte como un resorte tachando de antivalenciano a su interlocutor por querer destruir su tierra y decidir sobre ella. Eso como poco. Hay un discurso de identificación entre quien ejerce el poder, el sentido patriótico y el sentimiento básico que impide sostener la racionalidad del debate. Todo es malinterpretado. Todo juega contra alguien de manera psicótica. El mismo juego lo ha entendido ahora Esperanza Aguirre en Madrid, explotando mágicamente esa idea de "a Cataluña le dan lo que es nuestro". Y funciona: sin el enemigo catalán y sin ampliaciones de Metro no ganaría las elecciones porque el resto de su gestión se basa en asuntos políticos internos de su formación e intereses diversos. Pero sobre eso está el poder de la pertenencia, del enemigo, de la supuesta agresión.

Este artículo ha surgido de la serie de tres que ha escrito el buen amigo de debates Javier Maján. En ella (puedes leerla aquí: I, II y III) analiza el impacto de la victoria de España en la copa del mundo de fútbol sobre las cuestiones del debate territorial y el sentimiento patriótico desde la óptica de un andaluz que desde hace ya varios años reside en Cataluña. Esto de aquí es una respuesta menos analítica y más orientada a la opinión particular sobre la posición general en la que se encuentra España.

Uno de los principales problemas, como dice Javier, es la demonización de los conceptos. De nuevo es todo sentimental y parte de mitos, de rencores y de odios que no siempre están ajustados a la realidad histórica y sí y mucho al interés político. Uno de esos casos es, como comentaba antes en referencia al libro de historia catalán, el empleo constante del nombre de Madrid para generar rechazo centralista. Y para esto me voy a permitir reproducir literalmente algo que ya escribí hace tiempo: Madrid, esa tierra soberbia, chulesca, autoritaria y con ánimos y actitudes centralistas está formada por más de seis millones de habitantes. ¡Seis! Es la tercera Comunidad con mayor población del Estado -por detrás de Andalucía y Cataluña- y sin embargo una de las más pequeñas territorialmente. Y la pregunta: ¿de dónde salen seis millones de personas en un espacio tan pequeño? En la década de los 50 del pasado siglo Madrid tenía una población de en torno a un millón y medio de habitantes, y en 1981 casi alcanzaba los 4.800.000 tras el ‘boom’ migratorio de otras regiones, en menos de treinta años. Tras esa primera explosión migratoria la Comunidad ha seguido aumentando, con una segunda década alcista en los 90 apoyada por el nuevo flujo migratorio, en este caso exterior. Así configuramos la Comunidad de los seis millones de personas actuales. Traducción: en Madrid lo que menos hay es madrileños. Aunque tal vez la mejor muestra son las operaciones salida y retorno que organiza la DGT en cada periodo estival y fiestas de guardar; que son básicamente esas en las que los pérfidos madrileños se lanzan a la conquista del resto del territorio. No, en realidad vuelven a su tierra.

El centralismo no es una cuestión territorial, es una idea o forma de organización política. A la ciudadanía madrileña, de hecho, le ha costado en no pocas ocasiones muchos disgustos tener el Ayuntamiento y las Cortes Generales a escasas calles. Pero no, Madrid es sólo sede de las instituciones del Estado español; no es en sí misma origen del mal. ¿Quién es más centralista; el diputado de IU por Madrid -nacido en La Rioja y que desarrolló su carrera política en Asturias, por cierto- o uno del PP por Badajoz? ¿Los representantes de ERC en el Congreso son los políticos de Madrid, o qué otra cosa exactamente? De no ser así, ¿quiénes son esos políticos de Madrid que gobiernan España? ¿La ministra Chacón?, ¿Bono?, ¿Chaves? Ridículo. Pero se dice así: el gobierno de Madrid, Madrid decide que... y los políticos de Madrid. En otros países esto supone la identificación abstracta de la sede del poder central, sin más. Aquí no, es la identificación del enemigo en la figura de una ciudad o una región sobre la que emergen los estereotipos. Es verdad; la sede del Congreso está en Madrid y la mitad de la población española ni siquiera sabe que esa institución está compuesta por Diputados que representan sus provincias y cobran dietas para ir de un lado al otro. Una lástima.

A pesar de lo anterior sería mentir afirmar que el centralismo como concepto no tiene un buen refugio en las calles de la capital. Sí, lo tiene. Seguramente porque fuera de su tierra la mayor parte de personas que han llegado aquí entienden que lo común a todos es el concepto de España -no necesariamente su bandera, puesto que esto como ya hemos comentado tiene más que ver con otros posicionamientos políticos-. Y aún así lucen con orgullo la andaluza o la canaria. Rojas y de siete estrellas no se ven muchas fuera de los balcones de los ayuntamientos. Pero tal vez lo que muchos no quieren ver, en una lectura diferente, es que probablemente quienes se han desplazado y mezclado no puedan entender que haya que decidir si queremos vivir juntos cuando, efectivamente, vivimos juntos. También en la Cataluña llena de andaluces, como su President, motor mucho tiempo de su crecimiento económico. También en la Euskadi llena de gallegos. Es lógico que quienes han disfrutado las ventajas de una España unida no quieran permitir que otra idea anide en su interior. Pero no olvidamos lo negativo: lo anterior se alimenta con el centralismo comunicativo -y éste sí es nítido-: los medios, con sede habitual en Madrid, suelen obviar lo que ocurre lejos y engrandecer lo que afecta a la gran ciudad. En todo caso, los mayores centralistas los ha encontrado un servidor paseando por los pueblos de la profunda y variada España. De verdad. Y más aún, y a pesar de todo, el mejor ejemplo de centralismo lo hemos vivido esta semana durante el desarrollo del debate sobre el estado de la nación -española, se entiende-. Uno de esos políticos de Madrid, Duran i Lleida -entra en el cupo, ¿no?- sacó a colación incluso los Decretos de Nueva Planta. Y es que el 70%, así a ojo, del contenido del debate estuvo dedicado íntegramente a lo que ellos llaman conflicto catalán. El conflicto bilateral de Cataluña con España. Pero esta atención en las instituciones comunes a una parte minoritaria de la población y la representación política no es centralismo, es justicia. Entre tanto, un 20% de población activa en paro, la de Barcelona y la de Ceuta, deseaba saber si alguien tiene alguna idea al respecto de lo suyo. Pero lo suyo no está para los políticos que les representan. Y tampoco, ojo, para los nacionalistas españoles que viven muy bien de la defensa de la unidad indisoluble y todas esas cosas tan bonitas y no tienen que esforzarse en reventar su cabeza con datos económicos y soluciones viables. Y así estamos.

El portavoz de ERC afirmó vehementemente ante Zapatero que "de España plural, nada", porque lo que tenemos es una "España castellana". Castilla se ha convertido en el otro enemigo; pero ¿qué es Castilla? Aquí existe más indefinición aún que en el caso madrileño, y sólo podríamos regresar a los Decretos de Nueva Planta o a reyes diversos para explicarlo.

El otro bando -en España siempre hay otro bando- no se queda corto. Esto es España y a quien no le guste que se vaya. Qué vamos a decir, al fin y al cabo, del reino orgulloso de haber expulsado a los judíos condenándose al ostracismo y la boina. Pues eso. Algo es urgente reconocer: los nacionalismos 'periféricos' ganan al nacionalismo central en argumentos históricos. Porque los tienen, sería inútil negárselos. De este lado de la abstracta frontera existe desde hace siglos un sueño imperial culpable de los males que hoy vivimos. Algunos parecen convencidos, aún hoy, de que la única forma de sostener una gran nación, país, Estado, llámelo usted como mejor le siente... es uniformar y homogeneizar. Absurdo. La pasada legislatura de Zapatero se nos demostró con una política moderada, plural y de apertura al diálogo con todos los gobiernos autonómicos que sólo desde esa posición se puede lograr una España más unida, más fuerte: hoy tenemos el Congreso más bipartidista de la historia. Nadie quiere votar o nadie quiere estar donde no le respetan tal y como es. Tras la segunda legislatura de Aznar ERC consiguió el mejor resultado de su historia. Los datos hablan. La cercanía de la lamentable dictadura franquista y los pilares sobre los que se asentó también pesa mucho sobre la coyuntura presente; aunque dejando las correcciones políticas a un lado es justo decir que saben más de represión y aislamiento las silenciosas Galicia o Extremadura de lo que puede recordar la más protestona burguesía catalana. La diferencia es más bien ésa: el nivel de queja en estos años. Y les honra, por supuesto.

Una de las posiciones más débiles ha sido la referente a la política lingüística. Son muchos quienes están convencidos de que la única forma de sostener un ente unitario es la existencia de una lengua común. Peor: de una lengua única. Ya lo decía Fraga, muy afanado: ¡no es español, es castellano! Llegaron a cambiarle el nombre para que no se notara el fallo. En realidad el castellano no es la lengua propia de muchos territorios de España; lo son otras. El gallego en Galicia -de origen anterior, por cierto- el euskera en Euskadi -que también estaba allí y no fue inventado con ánimo de romper nada- y el catalán en Cataluña. Si a alguien esto le resulta molesto tiene un problema de comprensión de la realidad. Le preguntaron a Serrat: ¿qué lengua prefiere usted hablar? Y él tuvo clara su respuesta: la que me prohíben. -Sí, esto debe significar que ahora habla castellano cuando está en su tierra-.

Hoy por hoy, con la política del garrotazo y las prohibiciones, algunas especialmente recientes, el castellano está completamente extendido salvo en reducidos núcleos; especialmente alguna zona rural de Galicia o Cataluña, y por tanto puede funcionar como lengua de uso común que la práctica totalidad de la población conoce y sabe usar. Llegados aquí no cabe ponerse a discutir sobre ello; ahora sí es lo lógico y tener que usar traductores en el Senado para tomar decisiones comunes sabiendo hablar todos la misma lengua es una soberana estupidez. Pero que conste: no hacía falta llegar aquí. La unidad de un Estado no se basa en lo que hablen sus gentes. Especialmente porque difícil es unir nada cuando esa unidad se basa en la prohibición de la particularidad y la diferencia: unidad e imposición no son términos sinónimos; esta actitud es precisamente causa de gran parte de los conflictos que tenemos abiertos. ¿Cuál sería la mejor opción a día de hoy? La libertad: decida usted que quiere hablar, cómo quiere estudiar y en qué lengua va a rotular su comercio. La administración tiene que limitarse a una posición de imparcialidad; ofrecer a los ciudadanos la opción de usar cualquiera de las lenguas oficiales ante sí misma y proteger todas ellas cultural y educativamente. Fin. ¿Es tan difícil? Para los delirios de unos y otros al parecer sí. Pero sólo el nacionalismo radical español podrá hacer que su lengua común sea perseguida. Sólo el nacionalismo radical catalán, gallego, o vasco hará que su lengua sea repudiada por la mayoría. Una forma clara de verlo: muchos ciudadanos españoles -y por tanto debe haberlos de toda ideología- son partidarios de una unidad ibérica de España con Portugal. En esa unidad, ¿cuál sería la lengua común? El inglés no, porque nosotros no lo hablamos. Son estas cosas, precisamente, las que nos deberían preocupar. El castellano no está menos perseguido en Madrid que en Cataluña: la práctica totalidad de los jóvenes que acaban la educación obligatoria lo hacen con un nivel paupérrimo de expresión y conocimiento de su propia lengua -la castellana u otra- y la incapacidad de expresarse en al menos un idioma extranjero. Ése es el problema; y no cuántas lenguas existan o se enseñen.

Asumido pues que existe en España un caldo de cultivo apropiado para el odio común, especialmente agitado desde esas posiciones que en Cataluña llamarían castellanistas y desde esas otras que han visto en el enemigo español un buen lugar donde refugiarse para justificar su incompetencia, es el momento de regresar al principio. Toda esta reflexión comenzaba con una pregunta retórica que ahora contesto: ¿hemos abordado ya el debate real? No. Ni mucho menos. ¿Por qué? Por esto mismo: llevamos décadas hablando del porqué, no del para qué.

Los políticos catalanistas presentan sus aspiraciones máximas, unas independentistas, otras de lo que llaman 'el autogobierno', pero siempre sin concretar. En Euskadi ocurre lo mismo, bombas mediante en el caso de una triste minoría. Pero siempre nos cuentan el discurso tipo: por qué. ¿Y para qué? Los amigos del independentismo han olvidado que a un Estado hay que dotarlo de unas garantías jurídicas. Y hay que tener un proyecto: saber cuáles son los recursos con que se cuenta, los objetivos que se aspira a alcanzar y explicárselo a los ciudadanos. Y 'los muy pillines' se saltan esta parte, que es en realidad la fundamental. Y es que, más allá del victimismo y la retórica baldía se han empeñado en ocultar las carencias y trampas con las que acuden a plantear sus exigencias.

Exigen autogobierno. Más autogobierno. ¿En virtud de qué? Nos niegan el autogobierno, se lamentan. ¿Qué son entonces las Comunidades Autónomas? Lo que darían muchas regiones/loquequieras del mundo en similares circunstancias por tener el poder de la Generalitat o el Gobierno Vasco es asombroso. Una de las trampas más evidentes es la exigencia competencial: yo quiero gestionarlo todo, todo y todo; y estas transferencias no deben parar jamás. Todos los años me tenéis que dar un caramelo y yo lo tengo que lucir orgulloso ante mi pueblo. A lo mejor han llegado a la estúpida conclusión de que cuando no quede nada que transferir la ciudadanía pedirá el paso último y final. La clave de todo esto es: ¿para qué esas transferencias? Es decir: ¿ha acreditado usted que puede gestionar esto mejor que yo? Lo que hacen los poderes catalanes siempre está bien y lo que hacen los poderes españoles es negativo por naturaleza. Por eso hay que exigirlo. Es un discurso inteligente del que se ha empapado a la sociedad catalana. Y tiene efecto; pero eso no impide que sea una enorme mentira. A veces ocurre, a veces no. Cualquier sociedad inteligente distribuiría sus niveles competenciales en virtud de debates y análisis técnicos: tú puedes gestionar mejor esto; te lo quedas; yo tengo más o mejores recursos para hacer esto, y lo hago. Todo esto, claro, teniendo en cuenta que algunas tienen que ser, por necesidad, gestionadas por el Estado central. Aquí no; aquí las competencias se distribuyen a cambio de orgullos o aprobación de leyes, mercadeo de presupuestos generales y demás burradas varias. Un juego letal para nuestra economía y la eficiente gestión pública. Entre tanto -y éste es el objetivo- los ciudadanos de determinados territorios exigen del gobierno central gestión y de su gobierno autonómico reivindicación. Y estos últimos tan contentos.

Cataluña es una nación. Como lo son Galicia o Euskadi. Como lo es Castilla. Podemos debatir cuáles son estas naciones. Pero si dejamos a un lado el valor jurídico del término y acudimos a la lingüística -las palabras tienen un significado, sí- Cataluña es una nación, en su sentido social, cultural e identitario. Estoy dispuesto a aceptar esto; no tiene mayor trascendencia. Hasta ahí. Ahora bien, ¿derecho de autodeterminación? Todo régimen político democrático es por sí mismo autodeterminado. Existe representación del pueblo catalán en sus instituciones y toman decisiones; por tanto este pretendido derecho no es más que una reivindicación. Respetable, pero reivindicación. El punto más inaceptable del discurso independentista y nacionalista es obviar la legalidad vigente: tenemos una Constitución que en tanto que no sea reformada es la madre de todo planteamiento. A menos que el planteamiento sea la legítima propuesta de reformarla y quien quiera hacerlo disponga de los medios para hacerlo: es decir, consiga el apoyo para hacerlo. No se puede querer montar una realidad legal parelela inexistente. No es legítimo; la única legimitimidad en un Estado de Derecho tiene que ver con la voluntad popular y la Ley, y la máxima de ellas es nuestra Constitución. ¿Queremos reformarla? Entonces habrá que decirlo; explicar qué, cómo y para qué. En todo caso, España sí es una nación, además, en el ámbito jurídico. ¿Qué queremos? ¿Una nación de naciones, un Estado plurinacional, una federación, una confederación, un Estado centralista con regiones, Estados libres asociados? Quien quiera cambiar nuestra norma fundamental en vigor puede decirlo, pero llorar ante el pueblo pidiendo limosnas en forma de escaños no es honesto.

La realidad indica que ni el PNV, ni la izquierda abertzale, ni ERC ni CiU han pensado en algo más allá del sencillo y eterno juego: alimentar odios para sostener un poder basado en el sentimiento. El catalanismo ha pretendido deslegitimar las instituciones españolas; ha actuado como ariete del Tribunal Constitucional dando por hecha una sentencia y su respuesta antes de que ésta existiese. Han convencido a los ciudadanos de que ellos no están sometidos a los tribunales ni a la legalidad; que aquí lo que importa es el número de senyeres que salgan a la calle un sábado bajo el sol. Y sobre todo, que pase lo que pase la legalidad española es digna de ser ignorada. Han llegado a la conclusión de que si no quieren ser españoles no aceptan tampoco las normas españolas; normas a las que los ciudadanos debe estar sometidos en un Estado democrático. O peor: que aún queriendo ser españoles, sus normas sirven si responden a las reivindicaciones y puntos de vista que desean. Hablan de legitimidades históricas; pero como comentábamos en el párrafo anterior sólo en regímenes dictatoriales se habla de legitimades superiores, divinas, caídas del cielo o justificadas mediante imperiosas necesidades del pueblo que heroicamente venimos a salvar. Legitimidad y ley van etimológicamente de la mano. Aquí hay normas democráticas, aceptadas también por el pueblo catalán.

Y con todo, y a pesar de todo, la participación de la ciudadanía en estos debates es a todas luces reducida. El Estatut no logró arrancar a las urnas siquiera a la mitad de los ciudadanos llamados a hacerlo. La famosa manifestación en su defensa acabó con un baile de cifras que, sacando una media -que es la solución más fácil- no ofrece una respuesta abrumadora. ¿Se ha alejado la política institucional de la social? Muy probablemente. Porque efectivamente los ciudadanos no ven que ese debate solucione sus vidas, las haga mejores, asegure la prosperidad económica, amplíe la igualdad, la calidad del sistema democrático o dote de mayor seguridad jurídica al conjunto; que podrían ser los presuntos objetivos de un pueblo al buscar su independencia de otro mayor.

Lo que ven ambos pueblos, a ambos lados, son debates de esencias. Y falta la explicación de qué queremos conseguir. Las otras dos Españas, las de los rojos y los fachas, han encontrado por fin un motivo para agitar juntas la misma bandera. El deporte, como analizaba Javier, ha cambiado el panorama en todos los rincones y ha dotado de significado diferente a lo que nos une. Y tal vez, como también comentaba el compañero, la masa abstencionista de las autonómicas catalanas que sí participa en las generales empiece a pensar un día que lo que ocurre en Cataluña también es asunto suyo; que no toda la política es si somos nación o no y, además, también hay que construir carreteras y educar a los niños. Y eso cambiará las cosas. Llegados a este punto, no basta con que el independentista, en cualquier territorio, explique que le están robando su dignidad si no aclara en qué mejoraría la vida de los ciudadanos una vez conseguido su objetivo y cuáles son las herramientas para hacerlo. Tampoco basta que los nacionalistas españoles insistan en que España es así en virtud de un sistema utilizado desde hace demasiado tiempo: el sistema por cojones; aliñándolo con frases de desprecio e intentos de pisotear todo lo que no huela a eso que nosotros entendemos que es España. España una. La realidad existe, es plural, y hay que afrontarla con madurez.

¿De qué sirve la historia y el corazón cuando tenemos un futuro que construir y un mundo en el que competir? ¿Podemos cuantificar el tiempo y los recursos perdidos en filosofar mientras dejamos a un lado los debates que mejorarían de manera efectiva nuestras vidas? Las pertenencias o las patrias corresponden al interior de cada ciudadano, que decidirá si quiere ser europeo, español, de su pueblo o nada de esas cosas. Pero un Estado tiene que servir para algo, para algo más, para algo práctico; y es ése el punto que nadie quiere abordar, seguramente porque, obviando lo mucho que se enriquecería el debate político cuando este asunto hubiese salido de la agenda, de hacerlo descubriríamos también que la mejor solución sería vivir juntos, pero no así. Volviendo al segundo párrafo se me ocurre preguntar si éste es el modelo de Estado que mejor sirve a los intereses de España. ¿Sería ésa la reforma que desatascaría todas las demás? Y en cualquier caso: si vivimos juntos, ¿no deberíamos vivir siendo iguales?

Los libros de texto mencionados son en ambos casos de la editorial McGraw-Hill.

El autor no se hace responsable de la tediosa extensión del presente artículo, que ha considerado indisoluble en la misma medida que lo es la nación española. Más o menos.