Feijóo y la "solución" a un problema que nunca existió

Fotografía de Anxo Iglesias en elpais.com

Ayer hablaba de la creación por parte del nuevo PP de Galicia comandado por Alberto Núñez Feijóo de un problema inexistente con la lengua. La población gallega siempre fue responsable y jamás dramatizó ni originó debates absurdos. Tampoco se registraron problemas en sus calles, su administración o su vida educativa con la lengua propia de su tierra o la constitucionalmente cooficial con ella.

Sin embargo, en la última campaña electoral a la presidencia de la Xunta los populares gallegos se dejaron llevar por la moda externa para arañar unos pocos votos, y ello supuso el origen de un conflicto artificial creado al abrigo de los intereses electoralistas de Feijóo que ahora había que resolver. Por supuesto, el PP está dispuesto a hacerlo. Ya tenemos las "bases para la elaboración del nuevo decreto del plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia".

Comienza narrando lo que dicen la Constitución y el Estatuto de Autonomía de 1981, reconoce el gallego como lengua propia de Galicia y el castellano como oficial en su territorio y cuenta la hermosa historia de paz y amor que todos los políticos e instituciones de Galicia han tenido en estos años con respecto a la normalización lingüística.

Y ya entrando en materia:

En la etapa de educación infantil, el profesorado usará en el aula la lengua predominante entre el alumnado, tendrá en cuenta la lengua del entorno y cuidará que adquiera, de forma oral y escrita, el conocimiento de la otra lengua oficial de Galicia, dentro de los límites de la etapa o el ciclo. Se garantizará que se atienda de modo individualizado al alumnado que no tenga conocimiento suficiente de la lengua predominante en el aula.

En principio no es muy diferente a lo que viene ocurriendo. En el siguiente punto se nombra la nueva palabra clave del futuro de la humanidad. La familia...

La lengua predominante del alumnado se determinará preguntándole a cada familia por la lengua materna de su hijo o hija. Esta consulta se hará mediante una pregunta que las familias contestarán durante el proceso de preinscripción. Cada centro educativo deberá hacer constar en su proyecto lingüístico del centro las actividades y estrategias de aprendizaje empleadas para que el alumnado adquiera, de forma oral y escrita, el conocimiento de la lengua oficial no predominante.

Todo esto es un perfecto ejemplo de como usar cientos de palabras para no decir absolutamente nada. Pero... ¿qué van a elegir exactamente las familias?

En Educación primaria, ESO y Bachillerato, se garantizará la adquisición de la competencia lingüística propia de la etapa y del nivel en las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma y se potenciará la adquisición de una competencia efectiva en lengua(s) extranjera(s), principalmente en lengua inglesa. Con esa finalidad, se establece que un tercio de las horas semanales se oferte en gallego y otro tercio en castellano, y se prevé que un tercio restante se pueda impartir en lengua(s) extranjera(s).

[...]

En Educación Primaria, las materias lingüísticas se impartirán en la lengua de referencia [es decir, el castellano en castellano, el gallego en gallego, y el inglés en inglés. ¿Era necesario legislarlo?]. De las materias Conocimiento del medio natural, social y cultural y Matemáticas, una se impartirá en gallego y otra en castellano según la opinión de las familias, que será vinculante. [Es decir, que no elegirán las familias el número de horas que estudian sus hijos en cada lengua, como prometió Feijóo, sino qué asignaturas estudian en una u otra lengua. Si eligen matemáticas en gallego, conocimiento del medio será en castellano, y viceversa. Al parecer, el asunto era elegir algo]. Cada centro educativo, a través de su Consejo Escolar, decidirá la lengua en que se impartirá el resto de materias, estableciendo un equilibrio en las horas semanales ofertadas en gallego, en castellano y en lengua(s) extranjera(s). [¿Esto no es repetirse un poco?] En cualquier caso, el número de materias ofertadas en gallego y en castellano, respectivamente, no será inferior a un tercio del horario lectivo semanal [¡¡claro!!], y no se podrá ofertar un número de materias en lengua(s) extranjera(s) que supere un tercio del horario lectivo semanal. [O no sé sumar, o no me salen las cuentas...]

El punto siguiente es completamente incoherente con lo inmediatamente anterior, pero sobre todo... ¡¡consigo mismo!!:

De manera excepcional, los centros educativos que quieran impartir en lengua extranjera las materias de Matemáticas o Ciencias Sociales deberán aprobarlo en Consejo Escolar, previa consulta a las familias, y solicitarlo a la Administración Educativa, que examinará cada solicitud y autorizará su impartición. Será preceptivo que el centro educativo presente un horario semanal equilibrado de materias impartidas en gallego, castellano y lengua(s) extranjera(s). [¡¡¿Cómo?!!]

Para la Educación Secundaria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de adultos se repite constantemente el mismo modelo. Y se añade uno de esos puntos que, viniendo de Cataluña merecerían el comentario de los "castellanohablantes perseguidos":

Se establecerá un plan específico destinado a la nueva población inmigrante que se está asentando en Galicia, que prevea formación lingüística, conocimientos históricos y socioculturales.

Espero que el ya no tan nuevo gobierno gallego haya aprendido que, como ya dije ayer, la demagogia sirve cuando se está en la oposición, pero nunca cuando se gobierna. Espero también sinceramente que el PP sepa que los problemas que se crean de la nada cuando se está en la oposición para desgastar a un ejecutivo pueden estallar en la cara cuando se toca gobierno, y hay que estar a la altura para resolverlos.

Estamos usando la educación, uno de los pilares de la sociedad, la economía y el futuro para hacer política. Y ahora, también, para hacer el ridículo y poner en contra de un Gobierno a dos bandos que él mismo ha creado. Por mi parte, sería mucho mejor consultar a un buen equipo de pedagogos y profesionales que diluciden el mejor sistema posible para que, acabada la educación básica, los alumnos de Galicia conozcan perfectamente sus lenguas oficiales, gallego y castellano, y el inglés imprescindible para su futuro. Porque la educación no es un asunto de cuotas políticas.

El futuro lee a Shakespeare

Esta imagen la encontré haciéndole una pregunta tonta a Google.

La educación es el eterno debate en nuestro país, a menudo tratado con poca seriedad y mucho interés político. Uno de los hechos que demuestra éste último aspecto es que el centro de esos demagógicos motivos de disputa sea la lengua, base de todo el desarrollo pedagógico y formativo de un estudiante y vehículo motor de nuestra propia vida. Es decir: un aspecto fundamental que en España ha quedado relegado a la confrontación ideológica, territorial y de negociación parlamentaria general; como si decidir las horas más o menos en que un estudiante imparte clases en una u otra lengua, o cuál es su reparto en las materias concretas, se tratara de algo equiparable a la cantidad de millones de euros que dedicamos a la cría del pollo en cautividad. Una arriba o abajo dependerán únicamente del reparto de poder, y no de estudios serios, profesionales y con un interés común: tener la mejor educación posible.

Dos noticias recientes me llevan de nuevo a esta reflexión de manera preventiva. La primera es que la Comunidad de Madrid ha decidido convertir treinta institutos públicos de enseñanza secundaria en centros bilingües, que harán un total de cincuenta a partir de 2011 sumándose a los colegios de primaria que ya han implantado este modelo. Cuatro mil alumnos de nuestra región recibirán enseñanza en castellano e inglés. La segunda tiene que ver con la fantástica variedad cromática española: la Xunta de Galicia presentará mañana el borrador para la nueva ley lingüística, que incluirá un sistema de votación en educación infantil para que los padres decidan la que consideran lengua preferente de las dos oficiales, castellano y gallego, aunque, como hasta ahora, la administración garantizará las mínimas competencias en la lengua no elegida. Un modelo que no cambia demasiado el vigente (al menos en este aspecto).

Durante mucho tiempo hemos visto como estas cuestiones se han tratado con una frivolidad que a buen seguro permanecerá impertérrita. Desde el Partido Popular dicen estar muy preocupados por un supuesto: en las Comunidades con dos lenguas oficiales el castellano está perseguido y los estudiantes, siempre supuestamente, acaban su educación obligatoria desconociendo esa lengua. Sin embargo nunca se han preguntado la razón por la cuál en Madrid, con la lengua común a toda la patria como única oficial, los bachilleres son también incapaces de expresarse correctamente en ella de forma oral y, más intensamente, por escrito. Por su parte, muchos de los mismos socialistas madrileños que inteligente y responsablemente defienden esa variedad y necesaria integración lingüística, critican los flecos erróneos de una propuesta de Aguirre que es en general incontestable, para acabar cometiendo el error de enmendar la totalidad y situándose en contra de algo tan fundamental como que un estudiante español domine todas sus lenguas oficiales y al menos una extranjera: el inglés.

Desde el Partido Popular saben perfectamente que su discurso de oposición no vale cuando se está ante la tarea de gobernar. Por ello nunca hubo ningún problema lingüístico en Galicia con sucesivos gobiernos de Manuel Fraga -nada menos- ni tampoco con el bipartito del PSdG y el BNG, con una política continuista de su antecesor, hasta que se acercó el momento de jalear a las masas radicales hacia las urnas. Por eso lo que decía Feijóo en manifestaciones populistas en defensa de la irrealidad se parece poco a lo que ahora ejecuta como primer mandatario de la Xunta, en la que en la práctica no va a cambiar nada. Por idénticas razones nadie critica al Presidente Camps en la Comunitat Valenciana con un modelo prácticamente idéntico al catalán -sin estridencias, eso sí-. De la misma forma, es de esperar ahora que el PSM, en su justo enfrentamiento educativo contra la agresiva saña privatizadora de Aguirre, no acabe como ya hizo en alguna ocasión precedente tirando al blanco más grande y posicionándose contra la implantación de la enseñanza bilingüe en la región, un acierto indiscutible del Gobierno popular, un signo de progreso del que se quedará fuera aquel que no tenga la altura de distinguir al enemigo entre soldaditos inocentes disfrazados de estudiantes. Nadie quiere pasar a la historia, cuando al final las cosas salen bien, como el que estuvo en contra de aquel logro.

Tarde o temprano los diferentes partidos, cada uno en lo que le toca, deberían descubrir que la política exige mayor altura que la demostrada hasta hoy, y que el debate no se encuentra en razones sentimentales ni patrióticas sobre el castellano, el gallego o el inglés, sino en un problema de base de la educación en España que se da en todas nuestras Comunidades, cada una con sus particularidades y exigencias. Probablemente, y a pesar de lo inmediatamente anterior, la reflexión debería empezar por replantear si la descentralización que nos desiguala aún más fue la mejor de las ideas, para acabar concluyendo que las lenguas no son un problema, sino un objetivo: el de que cualquier español sea capaz de manejarlas, conocerlas y aprender cuantas le permita su propia capacidad.

El futuro lee a Shakespeare, a Miguel Hernández o a Rosalía de Castro. Da igual. Lo importante es el futuro que forma ciudadanos y profesionales, científicos y trabajadores. Y sobre todo, el futuro es el que cada joven quiera escribir en cualquier lengua. El pasado es el que se preocupa por debates cañís y medievales, o el que centra todo su interés y fuerza en inexistentes amenazas contra vacuos símbolos nacionales o históricos, imitando a quienes llenos de fanatismo coparon las calles madrileñas el pasado fin de semana anunciando el fin de una España que encabeza todas las listas... por abajo. Que así sea.

El trabajo, o las banderas

Un trabajador suelda barras de hierro en Changzhi (China). Fotografía de Stringer (Reuters) en elmundo.es

Hemos dejado atrás un fin de semana informativamente jugoso. Demasiadas cosas, para muy pocos ánimos; y es que no parece que estemos dispuestos a hablar de lo importante. ¿Qué es importante? A todas luces, emprender reformas en la economía española, desde el modelo productivo hasta el laboral, que nos permitan dejar de ser ese acomplejado país de tercera regional. Resalto el término "regional", imprescindible en tanto que hablamos de europeísmo cuando no somos capaces de, en lo fundamental, adoptar posturas comunes en casa.

Las portadas de los periódicos hoy tienen, sin embargo, varias presas fáciles: la cara reventada del primer ministro italiano y las consultas no oficiales sobre independentismo en Cataluña.

Sobre lo primero, algo es preocupante. ¿Está la izquierda militante dispuesta a chillar ferozmente cuando uno de los suyos es atacado, mientras revolotea verbalmente buscando simpáticas justificaciones si la víctima se sienta en las filas del enemigo político? Al final, la incoherencia encuentra su castigo. Si estamos de acuerdo en lo fundamental, partir una nariz es un acto detestable y condenable en calidad de obligación democrática, sea ésta la de Berlusconi o la de Zapatero. Ya ocurrió, tras el zapatazo al ex presidente Bush, que en menos de un mes algunos tuvieron que comerse la euforia -justo después de que cundiera el ejemplo en el mundo occidental-.

A pesar de lo anterior, el bufón mafioso Berlusconi debería aprender que la violencia verbal, política y legislativa, e incluso la violencia de Estado, conducen a la respuesta violenta física; lección que tampoco sería vacua en casos más cercanos, como el de la Presidenta madrileña Esperanza Aguirre, doctorada ya en calentar al personal.

Las consultas populares son la otra mitad digna de comentario de la portada informativa de nuestro nevado lunes. El titular elegido por Público es el más adecuado y ajustado a la realidad: "gana el 'sí' pero sólo vota el 30%". Resaltar sólo un dato, que una abrumadora mayoría votó a favor del independentismo, o sólo el otro, que de los posibles votantes -toda la población censada mayor de 16 años- acudió a las urnas menos de un 30%, es manipular la verdad.

El independentismo existe en Cataluña, es verdad, y ello no supone ningún problema para quienes somos demócratas -tampoco para los que creemos en España como una realidad común de cooperación, integración, respeto e igualdad-. Cualquier ciudadano debe tener ese derecho básico a expresar, reivindicar y ejercer libremente la defensa de sus ideas por cauces legítimos. Ahora bien, lo que resulta complicado de justificar es que un porcentaje minoritario de la sociedad catalana y residual en el conjunto del Estado condicione y hasta decida nuestro día a día político, llene portadas y marque el discurso y la marcha de los principales partidos. Sería preferible que el Estado recogiera el guante, que los ciudadanos catalanes pudieran votar y que, tras cosecharse el resultado que muchos imaginamos, pudiéramos hablar con más intensidad de educación, sanidad y trabajo que de naciones y banderas.

Cuando en un país las manifestaciones territoriales tienen más intensidad y apoyo que las de el conjunto de los trabajadores, o se habla más de ellas que de la marcha de la economía y las soluciones para el futuro, es dificil establecer discursos de responsabilidad. Todos participamos y, bien pensado, para rematarlo sólo nos hace falta un Berlusconi. Luego, las hostias llegan solas, y en todas direcciones.

Entre el ruido y la verdad

Fotografía de Bernardo Díaz en elmundo.es

Quien aquí escribe -forma literariamente bonita de decir "yo"- no tiene ni idea de Derecho. Absolutamente ninguna. Puede parecer absurdo semejante reconocimiento público, en estos tiempos en que la gente abre blogs -y hasta periódicos- y visita tertulias en radio y televisión sabiendo absolutamente de todo; pero, cosas de la vida, la naturaleza nos ha dotado con diferentes capacidades y algunos encuentran los muros de su propia limitación. Otros intentan saltarlos con Google, que no siempre los tumba pero ayuda a disimular.

Ahora bien, si algo he aprendido es la importancia de contrastar la información. Para informar, hay que informarse y después contar lo que uno sabe y no lo que uno quiere saber. De ahí que un bloguero no sea lo mismo que un periodista -aunque ambas ocupaciones sean compatibles, o con una se pueda ejercer la otra- ni escribir en un periódico te convierta automáticamente en un profesional de la honestidad y la independencia. Pero esta máxima no sirve solamente para la actividad periodística, sino que también puede ser aplicada a la toma de decisiones personales.

Esta semana las redes sociales y los blogs en España han hervido tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Al parecer, se había colado -colado, sí- una propuesta de la Ministra de Cultura que permitiría cerrar páginas webs sin autorización judicial; algo aparentemente similar a lo ya aprobado en Francia, todavía fuera de aplicación. Con esto, se redactó e impulsó un "manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet", que en pocas horas se propagó y creció como la espuma.

Cualquier persona con un mínimo sentido cívico que haya leído el manifiesto puede estar de acuerdo en, como poco, un 90%. Cosas tales como que "los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos" son de una obviedad extrema, como el resto del texto. Ahora bien, si hemos abandonado la vehemente y combativa adolescencia y estamos dispuestos a ir un poco más allá de pegarnos una pegatina al pecho y lanzar proclamas prefabricadas, el asunto merece una reflexión profunda. Por ello, me apasiona lo significativo de la difusión de determinadas campañas virtuales, puesto que reflejan esa falta de calma de la mayoría social.

Antes de adherirme intenté sondear a varias personas partidarias para que me indicasen qué era exactamente lo que decía la Ley de Economía Sostenible. Todos replicaron que "lo que dice el manifiesto es claro". Seguí insistiendo en concreciones a la Ley, y de nuevo la respuesta venía manifiesto en mano. Nadie quiere que le clausuren una web sin resolución judicial, pero ¿es lo que dice la LES? Nadie responde. Durante los dos días que ha durado la polémica he buscado información jurídica solvente al respecto, sin respuesta. La única intervención que debería ser susceptible de confianza fue la del ministro Caamaño, que afirmó que el cierre de webs deberá contar siempre "con autorización e intervención judicial". Su colega del Consejo de Ministros Ángeles González-Sinde, centro de las iras de casi todos -con no pocas razones- negaba la mayor asegurando que "en ningún caso se va a cortar internet a los usuarios". ¿A quién debo creer?

A día de hoy, sigo sin haber recibido la respuesta que cualquier ciudadano libre y coherente necesita para formarse una opinión, mientras unos se cuelgan pegatinas y pancartas, otros utilizan las pegatinas de los primeros con fines distintos a los presupuestos y el Gobierno, entre tanto, sigue sin saber qué decir en tanto que la oposición hace ruido en una nueva victoria comunicativa sobre Zapatero: nadie habla ya de los demás puntos de la Ley de Economía Sostenible -y como siempre, el mérito es exclusivo de quienes residen y trabajan en el Palacio de la Moncloa y recintos allegados-.

Lo opinable une a una gran mayoría: la ministra de Cultura (ella lo es de la industria cultural), es una incompetente. También que esa misma industria cultural pretende mantener artificialmente un negocio en lugar de reinventarlo; y que lo está haciendo a base de cobrar impuestos revolucionarios legalizados. Son además muchos los que creen que la Red está siendo positiva para músicos y demás artistas, que ahora pueden difundir en igualdad de condiciones su trabajo y empezar a ganarse la vida (a ganarse la vida, ¡sí!) por su obra. Es menos opinable y más objetivo que, curiosamente, los únicos artistas que se manifiestan porque los internautas roban su trabajo son los que visten buenos trajes, tienen casitas en Miami o acuden como invitados a galas de "pies descalzos"; y también que hay buena relación entre quienes exigen medidas como clausurar páginas web y los que piden lo propio con las bibliotecas públicas (es lo mismo, intercambio de archivos, ¿dónde está el delito? La justicia ya ha dicho que en ningún sitio, de ahí que muchos quisieran saltarse ese trámite y darle la potestad a otros). Y por último, y para evitar confusiones, hay una enorme separación entre la defensa del "gratis total" y la defensa de la racionalidad, conjugando los derechos de los artistas y los derechos de los ciudadanos.

Pero más allá de lo opinable, ¿dónde está lo objetivo? Algunos seguimos sin saber dos cosas: qué decía el anteproyecto de Ley, y qué pretende ahora el Gobierno que diga la futura Ley. Al menos, sería positivo que Zapatero hubiera aprendido la lección sobre la importancia de elegir equipos en base a la formación y la confianza. Pocos "independientes" acuden a los puestos de responsabilidad para defender el bien común. Si a todo el mundo le parecería un escándalo que el Presidente de Repsol fuese a su vez ministro de Industria, ¿por qué Sinde si puede ser a juicio del Presidente una buena ministra de Cultura?

Cuando el ruido se detenga, hablarán aquellos a los que merecería la pena escuchar.

Los madrileños saben votar

Fotografía: Partido Socialista de Madrid.

Muchos, en su afán por hacer cierta la frase "todos los políticos son iguales", acuñada por la derecha desde la pretensión de hacer correctas determinadas posiciones y convertir lo suyo en patrimonio de toda la clase política, vienen afirmando desde hace tiempo que España sufre una desgracia histórica por la coincidencia "del peor Gobierno y la peor oposición". Y si bien es cierto que unos y otros están lejos de ser un referente de perfección en sus campos, aún se perciben las distancias hasta con los ojos cerrados.

Sin embargo, hay un pequeño gran reducto en que esta afirmación se hace más cierta; y es que buena parte de la sociedad madrileña se siente huérfana en su Parlamento, en la vida pública y en los potenciales destinatarios de las aspiraciones con que entrega cada cuatro años su voto.

El Partido Popular de Esperanza Aguirre se ha convertido en un símbolo de perversión pública por su gestión, al tiempo que los escándalos de corrupción y las sospechas de utilización del poder con dudosos fines salpican constantemente su entorno, nada sorprendente si recordamos el modo en que accedió a su sillón en el año 2003. Pero, ¿existe alternativa? No es la primera vez que se habla en términos similares de la política madrileña -también en este blog-, y no parece que vaya a ser la última; con cierto catastrofismo pero muy cerca de la realidad.

El actual líder del PSM, Tomás Gómez, lo tenía todo de cara al ser elegido Secretario General: tenía en su haber ser el alcalde más votado de España, superando en uno de los grandes municipios del sur el 70% de los votos y convirtiendo en residuales a las demás fuerzas políticas, una elección al cargo sin aparentes sospechas dedocráticas, el tiempo suficiente para activar la maquinaria del partido y darse a conocer por los ciudadanos y, precisamente, siendo un desconocido, la oportunidad de forjar una imagen fuerte, adecuada y solvente con la ayuda de una gran formación política detrás. ¿El problema? Hoy, Tomás Gómez, sigue siendo un gran desconocido, y cuando consigue que se hable de él es para constatar que no está preparado para el puesto que ostenta.

Siempre he creído que uno de los grandes errores de la izquierda en los últimos años era el ansia de emulación de la homogeneidad de la derecha. Una estupidez de manual teniendo en cuenta que los potenciales votantes de un partido socialista son de lo más variado y heterogéneo, y por ello pretender la uniformidad orgánica o ideológica sería tanto como pretender expulsar a más de la mitad de los votantes. Cuando vienen malos tiempos, los simpatizantes de los partidos tienen dos opciones: entrever la alternativa en el interior y volver a confiar en las mismas siglas, o entender que no hay ocasión de cambiar las cosas desde dentro y buscar nuevos idilios en las urnas.

El caso de Alejandro Inurrieta, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, parece un ejemplo de la apuesta del PSM. Este concejal ha dicho en su blog exactamente lo mismo que un servidor intenta defender aquí: que la izquierda en Madrid no tiene suelo, que para que la sociedad confíe en ti es necesario algo más que encerrarse en hoteles de lujo sin transmitir ningún mensaje o convocar actos a los que sólo van los tuyos, y que la responsabilidad institucional es imprescindible aún cuando se está en la oposición, exactamente igual que se le exige al PP a nivel nacional -todos recordamos tristemente las bufonadas del 11M o el 2 de mayo-. La respuesta del líder: expedientar la crítica.

En Izquierda Unida se discute mucho de una "refundación" que, desde fuera, nadie sabe en qué consiste. Es indiferente. Ideologías aparte, la coalición de izquierdas se había convertido, de mano de su líder Inés Sabanés, en el único azote del Gobierno Aguirre, en compañía de incansables trabajadoras como la diputada Reyes Montiel. Sabanés no seguirá en 2011 porque, a pesar de ser la única líder de la oposición bien valorada por los madrileños, la única a la que cualquier ciudadano se ha podido encontrar alguna vez en la calle, no es "una de las suyas". Todo hace pensar que Montiel tampoco.

Los líderes del Partido Socialista de Madrid, o los que tengan que venir en Izquierda Unida, pueden seguir pensando y creyendo que toda su actividad política debe quedar circunscrita a asegurar cargos internos y buenos puestos en listas para durante cuatro años calentar sillones de diputado cobrando un salario razonablemente cómodo. Pueden incluso considerar que ellos, y sólo ellos, son como decimos en mi pueblo "la hostia puta en bicicleta", y que la culpa de los males de la izquierda la tienen los madrileños, que no saben votar y de la noche a la mañana han abrazado el liberalismo, son admiradores de la versión cutre y folklórica de Margaret Thatcher y adoran los seguros médicos privados. Los líderes de la difusa izquierda madrileña pueden también expedientar a toda su militancia crítica. Pueden hacer todo eso y cualquier otra de las ocurrencias a las que ya nos tienen acostumbrados. Incluso pueden elegir otra vez, para regocijo del oponente, candidatos a la alcaldía en algún despacho de Moncloa a un mes de las elecciones.

Sin embargo, cada cuatro años las urnas volverán a hablar, y los votantes llenos de hartazgo no pueden ser expedientados, ni tampoco puede ser coartada su, nuestra, libertad de expresión; la que seguiremos utilizando para denunciar la intolerable soledad social e institucional a la que han condenado los políticos a Madrid, que merece ser algo más que el patio de recreo de Génova, Ferraz y cuatro listos con ínfulas.